Criminalización tras lograr la suspensión de obras en área verde: Entrevista con Alejandro Valenzuela

En días pasados, la Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C. logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras ilegales que se realizaban en el área verde del fraccionamiento. Alejandro Valenzuela, profesor de la Universidad de Sonora y vecino del residencial, forma parte de la organización comunitaria que ha sembrado, cuidado y defendido el área verde y enfrenta ahora una denuncia penal por presuntos daños a la propiedad ajena, tras recibir amenazas por parte de las personas que pretenden adquirir el predio. El conflicto comenzó cuando vecinos del residencial denunciaron la ilegalidad de la compraventa del predio, que es propiedad municipal, y que actualmente es uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad de Hermosillo. Alejandro nos comenta que la denuncia interpuesta en su contra se remonta al año 2020, y ha sido retomada por la Fiscalía en un claro acto de intimidación y un intento de criminalizar la defensa del territorio ante el reciente fallo en contra de quienes pretenden privatizarlo. Los demandantes argumentan que, en aquel momento, Alejandro les amenazó, cosa que él desmiente completamente, al relatar que fueron ellos quienes realizaron destrozos en el área verde y fueron advertidos por un grupo de vecinos de que era propiedad pública. Alejandro considera que la persecución de su persona forma parte de las tácticas que este tipo de personas realizan buscando amedrentar a la organización comunitaria. El profesor universitario nos cuenta que la Fiscalía buscaba la prisión preventiva, medida que considera desproporcionada, descartada gracias a que él pudo presentar su versión de los hechos ante el juez; no obstante, sí se levantaron medidas cautelares en su contra, como el no poder salir de la ciudad y tener que ir a firmar a los juzgados semanalmente. Mientras el proceso legal avanza, vecinos del residencial mantienen actividades informativas y de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de la defensa jurídica.