la Boca Nostra

Criminales, empresarios y políticos insisten en despojar a ejidatarios en Sonora Una caravana compuesta por criminales armados, un empresario del sector minero y personas que dijeron contar con el respaldo del líder minero y diputado Napoleón Gómez Urrutia ingresó de manera ilegal el pasado viernes a las tierras del ejido El Bajío. Pretendían despojar a los ejidatarios y reactivar trabajos extractivos, según denuncia el abogado defensor de la comunidad ejidal, pero los pobladores cerraron el paso con sus vehículos y lo impidieron. “La amenaza de despojo es permanente. Todo el año, todo los días, ellos tienen drones volando el territorio, tienen avionetas y cuando ellos consideran que está descuidado el ejido, lo intentan: arman un operativo físico, despliegan actos materiales para intentar el despojo”, dijo Sergio García Camacho para la Boca Nostra. Los intrusos armados se identificaron como gente de Los Salazar, mientras que el empresario se presentó como Samuel Fraijo, quien al presentar un documento inválido aseguró a los ejidatarios que contaba con el respaldo de Napoleón Gómez Urrutia. El convoy iba acompañado por policías municipales y también viajaban geólogos enviados por Fresnillo PLC, la compañía que por décadas ha intentado despojar de sus tierras a los ejidatarios. La última ocasión en la que un operativo similar llegó a las tierras ejidales sucedió en febrero de 2018: entonces fue asesinado Raúl, uno de los ejidatarios que defendía el territorio, y Noemí, también ejidataria, fue desaparecida antes de que llegaran las autoridades. En aquel momento las armas pertenecían al Cártel de Caborca.

El 24 de junio de 2026 dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter sacudieron el centro-norte de Venezuela, derrumbando o dañando cientos de edificios en Caracas, La Guaira, Catia La Mar y Caraballeda. Una semana después, la OMS reportaba más de 2.300 muertos, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 personas sin hogar. Parte del desastre se atribuye a una falla estructural histórica por la falta de cumplimiento de medidas antisísmicas en la construcción de infraestructura. Entrevistamos al periodista venezolano Miguel Alfonzo, quien nos platicó la situación desde la zona de El Junquito. Miguel contrastó las cifras oficiales con la magnitud del desastre: al haber 300 edificios derrumbados solo en esa zona, se tienen apenas 2.5 rescatistas por edificio, a los que se suman voluntarios con cursos básicos. Las afectaciones alcanzan zonas populares y turísticas que tendrán que demolerse, y ya se ordenaron más desalojos de áreas en riesgo. Ante la insuficiencia institucional, la población se ha organizado desde abajo: vecinos, consejos comunales, misiones de rescate, cuadrantes de paz, bomberos y protección civil. Miguel denuncia que la desinformación ha proliferado, buscando generar más zozobra, como es el caso de las amenazas falsas de tsunami, ya que el Caribe es un mar bajo, y solo se asusta a la población. Señala que las redes sociales son espacio de energía pero también de carga emocional, y que lo más grave es la narrativa de desamparo, que centra la discusión en lo político. Ubicar responsables es difícil en un país tan complejo, pero comenta que el bloqueo comercial a Venezuela retrasa la compra del equipo necesario, lo que impulsa el mercado negro, la corrupción y las mafias. El rescate también se complica por diferencias culturales y dinámicas de poder, aunque destaca la solidaridad de quienes no figuran en redes ni participan de la narrativa de que en Venezuela no hay Estado, sino que solo quieren ayudar. El contenido de Miguel Alfonzo está disponible en su página de Instagram @le_yako

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Sheinbaum incluye una estrategia de economía circular constituida por el desarrollo de una serie de plantas recicladoras en el país; esto ha generado fuertes críticas por parte de grupos ambientalistas por el sacrificio de territorios periféricos para alojar la basura de las grandes urbes. Este sábado entrevistamos a Jorge Octavio Contreras, ex-secretario del Comisariado ejidal de San José Chiapa, Puebla, comunidad que está en pie de lucha contra la imposición de un megabasurero en su territorio como parte de dicha estrategia, declarada por el gobierno federal en marzo de 2026 como un "Polo de Desarrollo de Economía Circular", pese a la oposición de la comunidad local. Jorge denunció que el conjunto de empresas tratadoras de residuos, encabezado por una megarrecicladora que incineraría la basura no aprovechable, es un riesgo inminente para la tierra, agua y aire de San José Chiapa. El proyecto pretende instalarse en la cabecera municipal y procesaría residuos traídos principalmente de la ciudad de Puebla, en un volumen que excede la capacidad de tratamiento incluso en condiciones óptimas, con riesgo de escurrimiento de lixiviados y contaminación del manto acuífero. Jorge subraya que el mismo proyecto ya fue rechazado en Hidalgo y se busca implementar sin estudios de impacto ambiental. Denuncia además prácticas para convencer a la población, como el reparto de licuadoras, tinacos y calentadores, asambleas con gente pagada que amedrentan a los vecinos, y la presencia de tanquetas y policía estatal. El 29 de junio llegaron tanquetas a reprimir y bloquear el área por orden del gobernador, quien además amplía la carretera a cuatro carriles para facilitar el paso de los camiones de basura. El conflicto se inscribe en la transformación del pueblo: San José Chiapa era una comunidad agrícola hasta la llegada de la fábrica de Audi, tras la cual se intentó, sin éxito, reorientar su vocación hacia negocios y servicios. Jorge señala un contraste marcado: mientras Ciudad Modelo, comunidad aledaña construida directamente para los trabajadores de Audi, ha recibido apoyos, San José Chiapa vive el abandono institucional. Recuerda que la presidenta Sheinbaum, durante una visita a Ciudad Modelo, se vio obligada a escucharlos, pero sólo ofreció pláticas informativas de la Semarnat, descartando una consulta ciudadana. Finalmente, Jorge llama a la nación a solidarizarse con su lucha y a no permitir más atropellos bajo el pretexto de los "polos de desarrollo", y exhorta a medios y autoridades a decir la verdad y a no convertir a San José Chiapa en el basurero de Puebla.

Esta semana, el gobierno cubano presentó un paquete de 176 reformas gubernamentales como una respuesta estratégica al bloqueo económico que le impone Estados Unidos de América, que está provocando una severa crisis energética y económica en la isla. Conversamos con la periodista y comunicadora cubana Ana Teresa Badía sobre los puntos clave de esta transformación política. Por el lado de la economía, las reformas plantean cambios para facilitar el desarrollo de empresas en la isla, así como la posibilidad de banca privada y nuevas oportunidades en la agricultura. No obstante, Ana Teresa considera que se mantiene la esencia socialista, ya que el compromiso del gobierno es no descuidar la justicia social, garantizando la propiedad social sobre los medios de producción prioritarios y protegiendo las conquistas en salud y educación. Destaca también que las reformas ofrecen las mismas oportunidades a cubanos dentro y fuera de la isla, además de un incremento al salario mínimo para frenar las brechas de desigualdad. Estas medidas, que ya se venían gestando, son un esfuerzo por preservar el proceso revolucionario.

El pasado 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol FIFA 2026 en la Ciudad de México. Distintos colectivos y organizaciones realizaron una serie de protestas a lo largo de la Ciudad de México y otros territorios del país, impulsados principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, y distintas organizaciones que buscan a personas desaparecidas. Entrevistamos a Aranzazú Ayala, reportera y comunicadora de A Dónde Van Los Desaparecidos, quien estuvo en la jornada en Ciudad de México y observó el trato que las autoridades dieron a las protestas. La indignación ante la respuesta del Estado mexicano en el contexto del Mundial es más que válida, ya que, mientras las familias exigen avances en la búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades despliegan una fuerza policial masiva, no para investigar, sino para contener y reprimir las manifestaciones. Esta prioridad evidencia una intención de proteger la imagen del evento internacional por encima de la crisis humanitaria que vive el país.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, tiene ya 14 años intentando implementar una planta de producción de amoniaco y otras sustancias en las bahías de Sinaloa, proyecto que está en marcha en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo. En días pasados, miles de personas de las comunidades cercanas se dieron cita para impedir el avance del desarrollo industrial. Entrevistamos a Criselia Sánchez, quien forma parte de la Nación Yoreme-Mayo en Sinaloa y nos platicó con detalle de la lucha contra el proyecto de inversión alemana que amenaza con destruir el ecosistema local. Resalta que las autoridades mexicanas pactaron el proyecto son una debida consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y las comunidades aledañas; además, sobresale el doble estándar de la inversión extranjera: tanto el gobierno como las empresas alemanas violan normativas ambientales y sociales que serían obligatorias en Europa, aprovechando la permisividad en México. Ante esto, la organización comunitaria se intensifica para frenar la obra.

Los embates racistas y antimigrantes de los Estados Unidos continúan profundizando la crisis de derechos humanos que se vive en las fronteras mexicanas y en otros territorios como Palestina. Ante la conciencia de esos actos criminales, las comunidades se solidarizan y respaldan la sobrevivencia de familias enteras. Este sábado entrevistamos a Mayra y Ana, del colectivo Comida Sin Fronteras, quienes organizan comedores comunitarios en el centro de Mexicali, que funcionan como núcleos de resistencia y solidaridad para migrantes y personas en situación de calle. En medio de una disputa territorial por la gentrificación del centro de la ciudad, estos espacios trascienden la alimentación: son lugares de convivencia donde se construyen vínculos a través del juego y la reflexión social. Sin embargo, operan bajo condiciones críticas, debido principalmente al clima extremo de la región, los internamientos forzados y el acoso policial que viven las personas en situación de calle, motivado por intereses que buscan "limpiar" la zona. Pese a esta hostilidad, la comunidad demuestra una participación admirable, ya que, nos comentan, siempre hay personas dispuestas a ayudar.

El proyecto de gas natural licuado AMIGO LNG, amenaza la vida en la región de Guaymas, Sonora, al estar planeado para insertarse en la Bahía Catalina. La comunidad de la zona está generando acciones de resistencia; tal es el caso de Puerto Arte, colectivo que empezó en el 2018 como un andador cultural dominical, y que utiliza la música y otras expresiones como herramientas de conciencia social. Este sábado realizaron el evento Conciencia Uno, en apoyo con biólogos, docentes y artistas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para conversar entre las personas de la comunidad sobre los temas que les preocupan, iniciando con el conversatorio "¿Quién cuida al mar?". Su labor se enfoca en fortalecer el tejido social y denunciar las implicaciones de las inversiones extractivistas en el territorio que no están pensando en las comunidades donde planean operar, así como del desamparo institucional que se vive para enfrentarlos.

El desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara, y en especial en el llamado Triángulo Dorado, donde se conectan Chihuahua, Durango y Sinaloa, se ha agravado por las disputas entre grupos del crimen organizado, que despojan a familias de sus tierras y hogares. A finales de mayo de 2026, distintas organizaciones realizaron una Misión Civil de Observación que documentó a al menos 200 personas desplazadas refugiadas en Parral, Delicias y la capital de Chihuahua. Este sábado entrevistamos a Berta, del colectivo Nuevo Amanecer de Chihuahua, para conocer más sobre la Misión Civil de Observación del Observatorio CDC y la Red Nacional de Derechos Humanos y la crisis humanitaria que es, en gran medida, ignorada e invisibilizada por los gobiernos estatales y federal, que "se avientan la pelotita" sin asumir responsabilidad. El desplazamiento forzado tuvo un 200% de aumento en los últimos dos años, con epicentro en el municipio de Guadalupe y Calvo, mientras que los gobiernos de Chihuahua y Durango niegan la crisis y sostienen que las familias migran de manera voluntaria, e incluso han forzado el retorno de las familias garantizando su seguridad, lo que ya ha acarreado personas desaparecidas y asesinadas al volver a sus comunidades. Lo anterior también se enmarca en los casos de trabajo forzoso que viven distintas comunidades indígenas de la zona. Berta, que atiende directamente a personas desplazadas que llegan a la capital de Chihuahua, comentó que los casos incluyen desplazamientos de mujeres e infancias, porque a los hombres los reclutan los grupos armados. Mientras, el fiscal estatal afirmó no tener conocimiento de que exista la problemática del trabajo forzado. Berta convoca a no criminalizar ni vulnerar a quienes huyen de la violencia en sus lugares de origen, y a actuar con empatía hacia las familias desplazadas.

El 23 de enero de 2026, 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fue privado de la libertad por un comando armado en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Tras semanas de búsqueda, 9 fueron localizados sin vida en fosas clandestinas y uno aún está desaparecido. Pese a la tragedia, la mina no cerró su actividad, y a meses de la tragedia, anunció la continuidad de sus operaciones y celebró su entrada a la etapa de construcción, anteponiendo el negocio a la seguridad de los trabajadores. En entrevista en vivo, la Dra. Aideé Tassinari, economista y profesora-investigadora de la UACM, nos compartió su análisis sobre la violencia y la extorsión que se viven en la industria minera y los vínculos del sector con el crimen organizado, a partir del caso de Concordia. Se expuso que la versión oficial sostenida por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, según la cual los mineros habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival, es una versión falsa y ofensiva, que opera como una maniobra para desviar la atención de la profunda relación entre las empresas mineras y la delincuencia organizada. En esa misma línea operan las declaraciones recientes de Napoleón Gómez Urrutia, polémico líder del Sindicato Nacional Minero, quien acusó las intervenciones del crimen organizado en las asambleas sindicales para amedrentar a los trabajadores y frenar la exigencia de libre sindicalización en el marco de las negociaciones del T-MEC, bajo el mando de mineras canadienses. Esto confirma los servicios que la delincuencia presta a las mineras y que, de manera perversa, terminan también favoreciendo al gobierno mexicano al poder usarlo como argumento en las mesas de negociación.

El pasado 6 de mayo, distintas comunidades indígenas dentro de los estados de Guerrero y Michoacán enfrentaron una nueva ola de violencia por parte de grupos del crimen organizado, que derivó en 1000 personas desplazadas, 4 asesinadas y 2 desaparecidas. En entrevista este sábado con el académico de la UNAM Raúl Romero Gallardo, investigador con una amplia trayectoria documentando la organización política de los pueblos originarios del sudeste de México, conversamos sobre la profunda historia del narco-Estado mexicano y sus afrentas contra los territorios indígenas. En Guerrero y Michoacán, los pueblos indígenas de distintas comunidades han enfrentado por décadas la violencia propiciada por las corporaciones criminales, empezando por la transición de la agricultura tradicional hacia a la proveeduría del narco, que ya ha diversificado sus actividades hasta la trata de personas y el cobro de piso a lo largo de todo el país. La relación entre el crimen organizado y los grupos políticos es cada vez más cercana: mientras que en la "Guerra Sucia" el Ejército era quien se encargaba de la oposición, hoy son los grupos paramilitares del narcotráfico quienes realizan las "guerras" para despoblar y reorganizar territorios, con grupos como "Los Ardillos" infiltrados en cargos públicos. Esto se refleja en la tardía respuesta del Estado ante las agresiones Recientes, que intervino hasta el 12 de mayo gracias a la presión social. Raúl invita a estar al pendiente d la situación a través de las actualizaciones por parte del Concejo Nacional Indígena y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata, el CIPOG-EZ.

El Sindicato de Trabajadores de la Preparatoria Morelos (SITPREMO), en La Paz, Baja California Sur, es la primera organización de trabajadores de Baja California Sur, con casi 50 años de trayectoria representando a docentes, personal administrativo y de intendencia de la institución educativa que forma parte de la red de Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Autónoma de México. A lo largo del año 2025, el SITPREMO realizó paros laborales y huelgas ante la violación de 20 cláusulas de su contrato colectivo de trabajo. Entrevistamos a Rubí Martínez, Secretaria General del SITPREMO sobre las diversas acciones que han realizado, incluyendo el cerrar la Dirección escolar para exigir el despido de la titular de Administración y la destitución del Presidente Ejecutivo del Patronato de la escuela, porque es designado por el gobernador. Tras el logro de esos objetivos, el SITPREMO mantiene la lucha principalmente por el alcance de mejores salarios, para enfrentar la inflación en una Zona de Vida Cara como es el municipio de La Paz. El SITPREMO mantiene una estrategia de comunicación para explicar sus "Damos educación de calidad, queremos una vida de calidad", señala la Secretaria General, también Dra. en Ciencias en el uso, manejo y preservación de recursos naturales, que se desempeña como docente encargada del laboratorio de la escuela. Rubí nos informó que, además de su participación en la pasada marcha del Día del Trabajo donde se enfatizó la importancia de actuar con perspectiva de género en los asuntos laborales, el SITPREMO forma parte de las organizaciones que planean conformar un nuevo frente sindical en Baja California Sur. Para ella, la movilización sindical también es una forma de enseñanza.

El pasado 27 de abril se publicó la Ley número 156 de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, que establece la creación de una Fiscalía especializada en la materia y un Consejo estatal ciudadano. En el marco de la nueva ley, charlamos con Cecilia Delgado del colectivo Buscadoras por la Paz. Cecilia nos comenta que la publicación de la nueva ley es una buena noticia, ya que la habían estado esperando desde el año 2017 y llega tras acontecimientos como el hallazgo de 65 osamentas localizadas en la carretera 26 en el año 2025, hoy ya identificadas y entregadas a sus familias. Sin embargo, Cecilia denuncia los cambios recientes en la política de registro de personas desaparecidas, basada en visitas casa por casa y diferenciación de tipos de desaparición. Para este colectivo de 500 familias, las cifras oficiales son irreales, y reducirlas es un intento de invisibilizar a sus seres queridos, a quienes seguirán buscando hasta encontrarles. Las Buscadoras por la Paz realizaron su sexta vigilia por el Día de las Madres este sábado 9 de mayo en el que llaman Árbol de la Esperanza en la Plaza Zaragosa, como homenaje para las madres que fallecieron sin respuestas y para compañeras asesinadas, como Aranza Ramos, buscadora asesinada el 15 de julio de 2021 en Sonora, tras recibir amenazas por buscar a su esposo desaparecido.

El pasado 25 de abril, el Frente Nacional por un Transporte Digno, conformado por distintas organizaciones de 14 entidades de México, lanzó un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando la falta de atención al transporte urbano y solicitando que se le dé la prioridad que merece y está establecida en la Constitución mexicana. Conversamos sobre esto con Luis y Kelly, integrantes del colectivo Voz de los Usuarios Nuevo León. Las organizaciones populares que luchan por el transporte público digno resaltan que la precariedad que vive el sistema de transporte en las distintas ciudades del país tiene que ver principalmente con que la política pública no considera la movilidad digna y segura como un derecho humano, y se individualiza un problema social cuando las personas no pueden llegar a tiempo al trabajo debido a los problemas de infraestructura y transporte. Luis resaltó que la tendencia de construir las ciudades centradas en los coches es cada vez más profunda, negando el derecho de las personas a su ciudad. Aunado a esto, las decisiones gubernamentales suelen tomarse sin considerar las necesidades reales de la ciudadanía. Esta situación es una crisis compartida a nivel nacional, con problemas como el incremento constante en las tarifas de pasaje sin mejoría en la calidad o eficiencia del servicio, y la falta de rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones responsables. Ante ello, se invita a conocer y sumarse a las exigencias del Frente Nacional por un Transporte Digno. El pronunciamiento está disponible en las distintas redes sociales de las organizaciones que lo conforman.

El pasado 16 de abril, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) inició un proceso de huelga, tras una revisión contractual fallida a causa de la falta de reconocimiento de las autoridades universitarias sobre el desfase salarial injusto que viven alrededor de 1,500 trabajadores universitarios desde hace al menos 3 años. En entrevista este sábado 25 de abril, el Secretario General del STEUS, Alejandro Manzanares, explicó que la huelga responde a esa condición salarial por debajo del mínimo legal. Señaló que, aunque las autoridades sostienen lo contrario al integrar prestaciones como prima vacacional y bonos, el salario base sigue siendo insuficiente. El dirigente subrayó que la huelga ha sido criticada, mientras se solapan las condiciones laborales que la originan, ya que las demandas sindicales son legítimas. Acusó la falta de voluntad de diálogo por parte de la Rectoría, ya que aún no se instalan mesas de negociación; y en contraste, destacó el respaldo de asociaciones estudiantiles que han sido incluidas en los espacios de diálogo. Finalmente, Alejandro advirtió que las y los trabajadores enfrentan la falta de ingresos durante el ejercicio de su derecho a huelga, mientras que la oferta institucional actual, de un aumento del 12%, apenas permitiría alcanzar el salario mínimo en el tabulador, sin representar una mejora real en sus condiciones.

Desde el año 2013, el Ejido El Bajío ha combatido el despojo y daño ambiental por parte de Minera Penmont, consorcio minero propiedad de la familia Bailleres, con ya 67 juicios en contra de la actividad minera ilegal de la mina Soledad Dipolos que fueron dictaminados por los tribunales agrarios a favor del Ejido. Este conflicto ha derivado en años de despojo, desapariciones y violencia, mientras esperan la restitución del oro robado y la remediación ambiental del territorio. Este sábado 25 de abril, Sergio García, abogado y representante legal del Ejido El Bajío, informó que continúan los avances en su larga disputa legal, ya que están preparando una nueva demanda para evitar la emisión de concesiones mineras dentro del ejido, cancelar las que puedan estar en existencia emitidas para la familia Baillères, y garantizar que únicamente la propia comunidad tenga derecho a explotar los recursos minerales de su territorio.

La intensificación de fenómenos climáticos como sequías prolongadas y huracanes más destructivos está agravando el acceso a medios de vida en Centroamérica y empujando la migración forzada de miles de personas. Este sábado conversamos sobre esto en entrevista con Denise Carachure, enlace de Dirección del Instituto de las Mujeres para la Migración, A.C. (IMUMI), organización que documenta las afectaciones migratorias derivadas del cambio climático. Hace unos días, IMUMI publicó el informe titulado “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica. Perspectivas de Personas en Movilidad en México”, donde se muestra que la degradación ambiental en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deteriora los medios de subsistencia de comunidades enteras. Este contexto no solo incrementa la pobreza, sino que exacerba factores como la violencia, la exclusión, la discriminación y la débil protección estatal, configurando un escenario que obliga a muchas personas a abandonar sus hogares. Denise subrayó que las mujeres enfrentan impactos diferenciados y más severos en todas las dimensiones analizadas, resaltando el aumento en las cargas de cuidados y las dificultades para acceder a trabajo digno. Con este estudio se busca incidir en políticas públicas que mejoren el acceso a mecanismos de protección y a un estatus migratorio regular en México, y propone como recomendaciones el fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como que el Instituto Nacional de Migración emita lineamientos para la regularización migratoria en casos vinculados a impactos climáticos. Asimismo, plantea la necesidad de mantener un enfoque antirracista y con perspectiva de género en todas las políticas y acciones institucionales. El estudio completo está disponible en el sitio oficial de IMUMI: https://imumi.org/nuestras-publicaciones/cambio-climatico-y-migracion-desde-centroamerica/

Después de un año de expectativas sobre el anuncio gubernamental de un registro actualizado y el avance en carpetas de investigación de las personas desaparecidas en México, este 27 de marzo el gobierno federal presentó el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en donde se presenta la cifra 132,534 casos clasificados en 3 categorías: “Datos insuficientes”, para casos en los que supuestamente no hay información básica para iniciar la búsqueda; “Con actividades y registros después de la fecha de desaparición”, cuando el nombre de la persona aparece en bases de datos gubernamentales como el SAT o el INE; y “Sin actividad a la fecha”, que correspondería a las personas consideradas “realmente desaparecidas”: apenas el 33% del total reportado. En entrevista con La Boca Nostra, Aranzazú Ayala de la organización A dónde van lxs desaparecidxs, criticó la nueva la metodología, pues la reclasificación no atiende la crisis, sino que la oculta, al disminuir la cifra oficial en apariencia sin presentar mayores esfuerzos para fortalecer los mecanismos de búsqueda ni la rendición de cuentas. El nuevo registro presenta inconsistencias graves, como la clasificación de casos ampliamente documentados en la categoría de "Datos insuficientes", como por ejemplo los hijos de María Herrera, reconocida madre buscadora. La categoría de "Con actividad" también es un registro poco fiable porque no considera la cantidad de personas con el mismo nombre en el país. Y lo que es aún más preocupante: el informe indica que sólo 5,269 casos de los 40,308 en esa categoría han sido efectivamente localizadas, y no da más detalles sobre la situación de los otros 35,309 con supuestas actividades después de la fecha de desaparición. La nueva metodología sigue la lógica del “censo” realizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también realizado de manera deficiente y resultó revictimizante para las familias. Finalmente, Aranzazú denuncia que se están destinando recursos a reducir las cifras en lugar de dotar a las fiscalías de presupuesto operativo, además de la casi siempre ausente voluntad real para la búsqueda de personas desaparecidas.

El proyecto American Mexican Integrated Gas Operations (AMIGO) forma parte de los megaproyectos impulsados por el actual gobierno de Sonora, que pretende ubicarse en la costa de Guaymas con inversión de multinacionales de Estados Unidos y Singapur, para la licuefacción de más de 5 millones de toneladas de gas licuado a exportarse a Asia. En entrevista este sábado, Cecilia García, directora de comunicación de Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), advirtió sobre los riesgos sociales y ecológicos del proyecto, que tendría emisiones contaminantes permanentes y afectaciones graves al ecosistema del Golfo de California. Además, el proyecto no fortalecerá la soberanía energética de la región, ya que el gas licuado se exportará, dejando a México solo como un enclave extractivista; de acuerdo con la información de DAN, el daño ambiental será tan fuerte que EEUU no permite la construcción de ese tipo de infraestructura en sus propias costas. Asimismo, Cecilia denunció que las autoridades no han socializado correctamente el proyecto, sino que bombardean con publicidad sobre sus supuestos beneficios sin desarrollar mecanismos de consulta y participación para las comunidades afectadas.

El pasado 19 de marzo fue el segundo aniversario de la desaparición del profesor José Gabriel Pelayo Salgado, de la comunidad de Coahuayula, en Ostula, Sierra-Costa de Michoacán. El hecho coincide con el inicio de la agudización de la violencia que se vive en la región. Chuchita, integrante de CODET, en entrevista este sábado, alertó sobre la escalada de violencia y cómo la situación de seguridad se ha deteriorado con ataques constantes contra las comunidades. La defensa del territorio recae completamente en la guardia comunal de Ostula, ya que los de cuerpos policiacos gubernamentales no llegan a la región; esto provoca una mayor vulnerabilidad ante los ataques, que se prolongan día y noche, y que han incorporado tácticas como el uso de drones y la colocación de minas terrestres. La violencia se dirige principalmente contra líderes comunales; en los últimos tres años han sido asesinadas más de 40 personas han sido asesinadas y al menos tres líderes permanecen desaparecidos. Además, se han implementado estrategias para aislar a las comunidades, como la colocación de explosivos en el camino hacia la toma de agua potable y el bloqueo de salidas, lo que impide el acceso a servicios médicos. También se han atacado lugares que antes eran más respetados, como templos y escuelas. Puede darse seguimiento a la información en las redes sociales de Información Coahuayula y Comunidades Vecinas (Facebook) y en Coahuayula y Comunidades Vecinas (Instagram).

Mientras se realiza la revisión salarial del 2026 del sindicato de trabajadores académicos de la universidad de sonora (STAUS), un documento filtrado por el sindicato exhibe los aumentos salariales de hasta más de 130% por parte de integrantes de la alta burocracia de la universidad. Mientras que para las y los profesores el tope de aumento anual es del 4%. En entrevista en vivo para la Boca Nostra, el profesor universitario Ricardo Ortega del departamento de física, hizo un recorrido histórico de cómo fue luchar por más de un año para obtener un ascenso que le correspondía, al agotar toda medida burocrática tuvo que recurrir a una huelga de hambre de más de 90 horas para obtenerlo en diciembre del 2025. Señalo como “en la actualidad pues el número de maestros de horas sueltas ha incrementado a tal grado de que ocupamos eh digamos más del 50% de la planta docente” Además incluyo que “la educación en la universidad está sostenida por maestros de asignaturas, está sostenida por los maestros de hora suelta, que pues estamos atiborrados de grupos, de materias y pues hacemos, digamos, la labor de la docencia con la mayor carga de estudiantes”. Además de esto, señalo lo dispares que pueden ser los salarios, pues “pues cuando estoy diciendo que un maestro de asignatura nivel A apenas y percibe los 6700 pesos en la quincena.” Mientras según el documento compartido por el sindicato, 8 altos mandos de rectoría estarían ganando más de 50 mil pesos al mes, con el aumento que supuestamente se autorizaron.

Una venganza al interior de uno de los grupos criminales más violentos del mundo inició el 18 de marzo de 2011 y se prolongó por un par de días para terminar en una masacre: un ejército de sicarios de Los Zetas sitió un pueblo del norte de México, en Coahuila, y asesinó a unas de 300 personas sin ninguna intervención de las autoridades, lo que incluye al ejército. Lo ocurrido fue nombrado por Juan Alberto Cedillo como la “masacre de Allende”: se trata el primer periodista que acudió al sitio para documentar la tragedia, cosa que materializó en un libro publicado en 2023, uno de los registros más acabados de la violencia criminal que se desató luego de la “Guerra contra el narco”, desplegada por Felipe Calderón tras su llegada al gobierno, en 2006. Juan Alberto, sin embargo, llegó al lugar cerca de 9 meses después, dijo al aire durante entrevista con Boca Nostra: este fue el tiempo que las autoridades mantuvieron ocultos los hechos gracias a sobornos del orden de los 8 millones de dólares, según testimonios dados por los criminales en los Estados Unidos. A 15 años de la masacre, las familias no han obtenido reparación del daño, mientras que el gobierno federal se amparó para evitarlo. La discusión que pretende justificar el acto es que las víctimas eran también criminales, aunque, según documentó el periodista, gran parte eran familiares de narcotraficantes, pero también trabajadores, jardineros, albañiles y otros civiles.

El puerto de Topolobampo, Sinaloa, está atravesando una invasión de megaproyectos de la industria gasera estadounidense de exportación; Vista Pacífico era un proyecto de procesamiento de gas natural licuado acordado desde el año 2020, que esperaba empezar a operar en el 2029. La empresa Sempra Infrastructure canceló el proyecto debido a que la Comisión Nacional de Energía rechazó su solicitud de permiso para exportar gas natural a Asia y Europa desde la costa sinaloense. En entrevista en vivo este sábado 7 de marzo, Daniel Villaman, periodista especializado de la Revista Espejo, señaló que el proyecto también enfrentó la resistencia social desde el inicio, por la debacle ambiental que iba a acarrear. En la Manifestación de Impacto Ambiental se identificaron 82 posibles afectaciones, entre las que sobresale la construcción de una plataforma flotante a dos kilómetros de la costa que requería excavar 19 mil metros cuadrados del fondo marino, una intervención que implicaba la destrucción directa del ecosistema en esa área. Además, la terminal estaría liberando químicos cancerígenos volátiles en todo momento, a corta distancia de las comunidades costeras. El proyecto se desarrollaba en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y forma parte de una serie de inversiones estadounidenses en la zona que generan división social, ya que las campañas de difusión ligadas a los llamados “Polos del bienestar” promovidos por el gobierno federal se contraponen con las comunidades indígenas Yoreme y los colectivos ambientalistas que mantienen la lucha contra la instalación de este tipo de infraestructura depredadora. En la región hay otros siete megaproyectos orientados a exportar gas natural licuado hacia Asia y Europa, aprovechando la cercanía con gasoductos provenientes de Estados Unidos y la salida directa al Pacífico.

El Día de la Mujer Trabajadora es una fecha icónica para visibilizar las desigualdades de género persistentes y exigir cambios reales para la situación de las mujeres en todo el país. En el marco de las marchas y actividades, charlamos con Pan y Rosas Sonora, organización feminista y socialista que forma parte de las convocantes. Las compañeras informaron sobre la situación actual de la lucha por la legalización del aborto en el estado, consigna principal de la convocatoria de este año, y expresaron su opinión crítica sobre distintos personajes que, desde el poder y el patriarcado, afirman defender los derechos de las mujeres. Primeramente, nos recordaron que Sonora aún presenta el desacato a la legislación federal que establece la despenalización del aborto; pese a los avances legales a nivel federal en los últimos años, en la entidad persisten los obstáculos jurídicos y políticos que dificultan el acceso a este derecho. “En este tema, las mujeres somos las que hacemos el trabajo del gobierno”, señalaron, ya que el acompañamiento para la interrupción del embarazo se lleva a cabo desde distintas colectivas feministas. También hablamos sobre el significado político de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Pan y Rosas reconoce que es un cambio histórico, pero no implica la representación de todas las mujeres del país, ya que "cuando una mujer rompe el techo de cristal, otras mujeres barren el vidrio que cae al piso”, comentaron. Asimismo, cuestionaron las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la “liberación” de mujeres en Irán, narrativas que buscan justificar los bombardeos y el avance imperialista. Por ello, las compañeras señalaron la importancia de las voces que se dieron cita en la marcha del domingo para denunciar la guerra en Irán, el genocidio palestino, las políticas anti-inmigrantes en EEUU, la contaminación del Río Sonora y otras causas que atraviesan a Hermosillo, México, y todo el mundo.

El Tren Maya es un megaproyecto de turismo y logística comercial que ha suscitado diversas violaciones territoriales, ambientales y jurídicas a su paso. Su construcción, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha conllevado diversos conflictos con la población de las zonas que atraviesa. De acuerdo con la información de Alejandro Ruiz, periodista de distintos medios como Pie de Página, Ceiba Periodismo con Memoria y Jaltun.mx, desde el pasado 19 de febrero, ejidatarios de la comunidad de Sierra Papacal, dentro del municipio de Mérida bloquearon las obras del ferrocarril y exigieron la suspensión de su construcción al señalar que el ejido ha sido víctima de una expropiación llevada a cabo por autoridades ejidales corruptas. Alejandro nos comenta que la respuesta de la SEDENA se ha resumido a decir que ellos "solo construyen" y no administran las gestiones territoriales, mientras que la comunidad ejidal busca que se respeten sus derechos agrarios y se esclarezca qué sucedió con los supuestos recursos por la compra turbia del predio invadido.

En días pasados, la Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C. logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras ilegales que se realizaban en el área verde del fraccionamiento. Alejandro Valenzuela, profesor de la Universidad de Sonora y vecino del residencial, forma parte de la organización comunitaria que ha sembrado, cuidado y defendido el área verde y enfrenta ahora una denuncia penal por presuntos daños a la propiedad ajena, tras recibir amenazas por parte de las personas que pretenden adquirir el predio. El conflicto comenzó cuando vecinos del residencial denunciaron la ilegalidad de la compraventa del predio, que es propiedad municipal, y que actualmente es uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad de Hermosillo. Alejandro nos comenta que la denuncia interpuesta en su contra se remonta al año 2020, y ha sido retomada por la Fiscalía en un claro acto de intimidación y un intento de criminalizar la defensa del territorio ante el reciente fallo en contra de quienes pretenden privatizarlo. Los demandantes argumentan que, en aquel momento, Alejandro les amenazó, cosa que él desmiente completamente, al relatar que fueron ellos quienes realizaron destrozos en el área verde y fueron advertidos por un grupo de vecinos de que era propiedad pública. Alejandro considera que la persecución de su persona forma parte de las tácticas que este tipo de personas realizan buscando amedrentar a la organización comunitaria. El profesor universitario nos cuenta que la Fiscalía buscaba la prisión preventiva, medida que considera desproporcionada, descartada gracias a que él pudo presentar su versión de los hechos ante el juez; no obstante, sí se levantaron medidas cautelares en su contra, como el no poder salir de la ciudad y tener que ir a firmar a los juzgados semanalmente. Mientras el proceso legal avanza, vecinos del residencial mantienen actividades informativas y de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de la defensa jurídica.

La Concordia, lugar donde fueron secuestrados, algunos asesinados, según información oficial, 14 trabajadores del sector minero en Sinaloa es, al menos desde hace 17 años, una zona que se encuentra en manos criminales. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa agudizó un problema que ya existía. Algo de esto expuso Marcos Vizcarra, periodista de Revista Espejo y El País, durante una entrevista con la Boca Nostra: “La Concordia fue blanco durante bastante tiempo de bloqueos, incendios carreteros, asesinatos en carretera y desapariciones”, dijo sobre el municipio que, en 2025, se ubicó entre los cuatro más violentos de la entidad. La situación de los mineros, de los cuales se tiene confirmación del asesinato de 5, mientras que el resto de los casos permanece bajo investigaciones, retrata semejantes niveles de violencia en un entramado en el que la industria extractivista aparece involucrada con frecuencia, tanto en Sinaloa como en Sonora y otras regiones del país. “Si un grupo de mineros está vestido como tal, se encuentra dentro de un campamento con logotipos de la empresa y se traslada en camionetas identificadas con la misma compañía, y aun así son confundidos, entonces, ¿qué podemos esperar?”, sintetizó el periodista que ha recogido la opinión de múltiples líderes sociales de la región. Otro caso fúnebre ocurrió en Culiacán, Sinaloa, el 11 de febrero: fue asesinado Ricardo Misael, de 15 años, cuando se dirigía a una farmacia para comprar un biberón con el que alimentaría a uno gatos que había rescatado. Las autoridades señalaron que también habría sido “confundido” por circular en motocicleta. La familia del menor asesinado, sin embargo, aseguró que aquel no tenía motocicleta y que ni siquiera sabía manejar.

El bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos trae consigo falta de servicios básicos para la población, como atención hospitalaria, alimentación y educación. La política unilateral, que supera ya los 60 años de vigencia, y que se ha recrudecido desde su implementación, significa para la isla una crisis humanitaria. El histórico bloqueo se profundizó tras el anuncio del presidente Donald Trump el pasado 30 de enero, en el que planteó nuevas restricciones orientadas a inhibir el comercio de petróleo, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos. Sobre este tema habló en entrevista con La Boca Nostra la periodista y analista política cubana Ana Teresa Badía, quien puso énfasis en el renglón humano de las afectaciones: sin combustible, el sistema nacional de salud se debilita, cuando la vida de infantes y adultos depende en gran medida del suministro eléctrico. La ciudadanía ha experimentado apagones prolongados e intensos. A esta situación se suma que el bloqueo también impide la importación de cualquier artículo que contenga más de 10% de componentes estadounidenses. Esto limita la posibilidad de adquirir refacciones para el mantenimiento de instalaciones industriales, como las termoeléctricas. “Hay momentos en los cuales casi entre el 70 y el 80% del país está apagado”, señaló Badía. Además, recordó que este tipo de políticas no necesariamente afectan de manera directa a los gobiernos, sino que “cuando se toman medidas de ese tipo, los principales damnificados son los ciudadanos”. A pesar de este panorama, Badía reconoció y agradeció el apoyo de México y otros países como Chile, China y Rusia.

Ante la crisis de personas desaparecidas que el país ha enfrentado durante años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se presentó e implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG). Sin embargo, durante el proceso electoral de 2024, la estrategia entró en una pausa y, hasta hace pocas semanas, no se había anunciado ninguna medida clara para su continuidad. En entrevista en vivo, Lucía Flores, colaboradora de la plataforma A Dónde Van los Desaparecidos, señaló que dicha estrategia estuvo plagada de errores desde su inicio, además de presentar actos de revictimización hacia las familias de las y los desaparecidos. Explicó que, en un primer momento, durante la recolección de información, los cuestionarios quedaron dispersos en distintas oficinas de Bienestar, cuyos trabajadores fueron los encargados de realizar el censo casa por casa. Por otro lado, Flores indicó que la verificación de dichos cuestionarios correspondía a funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes detectaron diversas inconsistencias, como la falta de coincidencia entre los cuestionarios físicos y los registros digitales. Además, señaló que existen registros de que, durante estas búsquedas casa por casa, hubo ocasiones en las que elementos de la Guardia Nacional intentaron ingresar a los domicilios de familiares de personas desaparecidas, debido a la desconfianza sobre si la persona ausente se encontraba o no en el hogar. Otro caso que, de acuerdo con Flores, generó gran indignación, fue aquel en el que, durante esta jornada casa por casa, los llamados “siervos de la nación” acudieron al domicilio de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para preguntar por él. Finalmente, Flores sostuvo que la ENBG partía de una buena intención, pero fue deficientemente ejecutada, y advirtió que la medida recientemente anunciada por el Ejecutivo podría derivar en un nuevo fracaso, ya que contabilizar a las personas desaparecidas a partir de las carpetas de investigación puede resultar contraproducente, especialmente en un contexto donde existen denuncias de desapariciones forzadas y donde muchas familias no denuncian por miedo u otras circunstancias.

En 2023, un grupo de trabajadores de la empresa maquiladora Amphenol Optimize México, S.A. de C.V. fue despedido injustificadamente. Los afectados denuncian que los despidos se debieron a la organización de los trabajadores para conformar un sindicato independiente. Ante esta situación, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (T-MEC) emitió un plan de remediación para atender la violación a los derechos laborales, entre cuyos puntos destaca la reinstalación de nueve trabajadores, con el pago de salarios caídos y beneficios completos. En entrevista en vivo para La Boca Nostra, Francisco Cota, secretario general del sindicato, detalló que estas remediaciones aún se encuentran en proceso, ya que, aunque en el comunicado se señala la existencia de un acuerdo entre ambos gobiernos, el sindicato no ha recibido el plan de remediación por parte del gobierno mexicano. Por otro lado, el plan de remediación también establece que la empresa debe actualizar su declaración y directrices de neutralidad, socializarlas con el personal y reafirmar la libertad sindical de los trabajadores, además de instalar un mecanismo de denuncia anónimo y confidencial. De acuerdo con el secretario general, algunas de estas acciones ya han sido implementadas. Finalmente, Cota denunció que durante capacitaciones impartidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, funcionarios de la institución invitaron a los trabajadores a no integrarse al sindicato independiente, además de advertir que el uso del RRM podría poner en riesgo la permanencia de las empresas en el país, afirmación que el dirigente sindical calificó como falsa.

Durante el primer año de gobierno de Donald Trump, ha quedado en evidencia el trato que da el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las personas migrantes. En 2025, al menos 32 personas murieron mientras estaban bajo custodia de esta agencia, cifra que representó el mayor número de fallecimientos en detención desde 2004, según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos. Además, en 2026 se han registrado múltiples incidentes en los que agentes federales han abierto fuego durante operativos, incluidos tiroteos en Minneapolis, Minnesota, que resultaron en la muerte de civiles durante redadas relacionadas con la inmigración. Estas acciones han ocurrido en el marco de un aumento de las detenciones y deportaciones, así como de operativos más agresivos en distintas ciudades. El periodista Edilberto Escobar, de la histórica radio comunitaria Radio Victoria, narra en entrevista en vivo las experiencias de algunas de las personas detenidas por el ICE. Describe casos en los que familias han sido separadas y resalta el miedo que experimentan los migrantes, especialmente los salvadoreños, quienes llegan a Estados Unidos huyendo de situaciones de violencia y crisis en sus países de origen. El Salvador, por ejemplo, ha estado bajo estado de excepción durante 45 meses debido a altos niveles de violencia. Los problemas que enfrentan las personas migrantes deportadas a El Salvador los colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no cuentan con condiciones para reintegrarse a sus comunidades, carecen de redes de apoyo y a menudo no tienen recursos económicos, lo que hace que empezar de nuevo sea un proceso difícil. Escobar también señala que el miedo se extiende hasta la vida diaria de quienes aún están en Estados Unidos, limitando incluso su salida de casa por temor a ser detenidos. Mientras tanto, aunque el gobierno salvadoreño mantiene el estado de excepción, muchos migrantes enfrentan situaciones similares o incluso peores al regresar al país tras una deportación, encontrándose con entornos de inseguridad y falta de oportunidades.

El pasado 23 de enero, 14 trabajadores de las empresas CICAR y de la minera canadiense Silver Corp. fueron secuestrados en el municipio de Concordia, en Sinaloa, mientras realizaban trabajos de exploración. Este hecho ocurre en un estado que ha experimentado una guerra entre cárteles desde hace más de un año y en un contexto marcado por el alza en los precios del oro y la plata, que han aumentado 18 % y 52 %, respectivamente. La Dra. Aide Tassinari, economista y especialista en los efectos socioambientales de la minería a cielo abierto en México, señaló —en entrevista en vivo con el equipo de La Boca Nostra— que son los trabajadores de las mineras quienes sufren y experimentan directamente la violencia del crimen organizado, mientras, paralelamente, se generan acuerdos entre líderes empresariales y grupos criminales mientras tanto Estado prioriza la protección de los metales sobre la vida de las personas. Al respecto, citó un caso particular en el que un empresario minero canadiense, Rob McEwen, hizo pública en 2015, durante una entrevista televisiva, la relación que se establecía entre empresas mineras y grupos criminales en México. En dicha entrevista, añadió que para poder explorar y explotar la tierra era necesario dialogar y negociar con los grupos del crimen organizado de la región. Por último, la especialista señaló que esta no es una dinámica nueva; por el contrario, es común que los trabajadores sean “sacrificados” durante los procesos de exploración y explotación de un territorio, mientras ambas partes llegan a un acuerdo. El alza en el precio de estos metales representa “pésimas noticias”, ya que podría traducirse en la aceleración de los procesos extractivos, así como en la búsqueda de nuevos acuerdos entre los grupos criminales y las empresas mineras.

Arturo Lugo Macías, “Sheveck”, joven activista y ex alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, dependiente de la UNAM, fue detenido el pasado 8 de enero en el Estado de México por agentes de la Fiscalía General de la República. La dependencia lo acusa de pandillerismo, daños y otros ilícitos presuntamente cometidos en abril de 2020 durante una manifestación en la institución educativa, lo que generó indignación entre activistas que consideran lo sucedido como un acto de criminalización de la protesta. Al día de hoy, el joven se mantiene privado de su libertad debido a que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar. Mientras, la organización llamada Red Solidaria por la Liberación de Arturo “Sheveck” Lugo Macías, entrevistada el sábado pasado en La Boca Nostra, afirma que se le han negado condiciones básicas como el acceso a cobijas, artículos de higiene y a una alimentación adecuada a su dieta, pues no consume alimentos de origen animal. Las irregularidades, sin embargo, se habrían presentado desde el primer momento: la situación del 5 de abril de 2020 que llevó a la detención de Arturo casi 6 años más tarde se produjo cuando un grupo de choque, armado y con equipo táctico, ingresó a las instalaciones donde colectivos estudiantiles y feministas mantenían una protesta y denunciaban ser víctimas de crímenes sexuales por parte de autoridades educativas. En ese momento, de acuerdo con la Red Solidaria, las instalaciones fueron dañadas y estudiantes agredidos. Foto: Eréndira Aquino Ayala

Los estudios académicos sobre movimientos sociales mayormente se concentran en analizar a los grupos progresistas o de tendencias de izquierda, dejando de lado a las agrupaciones que presentan una afinidad de corte conservador. En el caso de Hermosillo, durante la década de los setenta, existió una organización conocida como “Micos”; en Guadalajara, “Los Tecos”, así como en otras ciudades de la República, como Monterrey y la Ciudad de México. En entrevista en vivo, el Dr. Cuitláhuac Galaviz compartió los pormenores de su futuro proyecto de investigación posdoctoral, el cual realizará en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, conocido como Instituto Mora. Dicho proyecto estará centrado en el estudio de las juventudes católicas y anticomunistas en México durante las décadas de 1960 y 1970, enfocándose en distintos grupos de derecha de ciudades como Hermosillo, Guadalajara y Monterrey. Dichas organizaciones recogían ideas nacionalistas de corte conservador y anticomunista; además, solían romper huelgas y manifestaciones mediante el uso de la violencia, mencionó Galaviz. Asimismo, señaló que la importancia de estudiar a estos grupos de derecha desde una perspectiva histórica y crítica radica en que aún se desconoce la mayor parte de sus motivaciones, así como las formas en que se organizaban en los planos ideológico, simbólico y social. Cuitláhuac pone sobre la mesa la necesidad de analizar estos fenómenos sin prejuicios, atendiendo a las voces, trayectorias y contradicciones internas. Este tipo de investigaciones adquiere especial relevancia en el contexto actual, donde resurgen, de entre los escombros, los resquicios de discursos conservadores y anticomunistas. Por último, el académico invita a la ciudadanía a apoyar la investigación compartiendo cualquier información sobre personas involucradas en este tipo de organizaciones en las ciudades mencionadas; de ser así, pueden comunicarse directamente con La Boca Nostra.

El año 2025 fue convulso para los pobladores del Río Sonora y Río San Miguel. Desde enero hasta diciembre los pobladores organizados resistieron ante la imposición de la construcción de tres presas, que afectarían al consumo de agua de los pobladores, líquido vital que además fue contaminado por la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de German Larrea, en 2014. En entrevista en vivo con María Auxiliadora Haro, quien ha sido uno de los principales rostros del movimiento, señaló esta nueva etapa en la que se encuentra la lucha, pues el pasado 6 de enero la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) desechó el Manifiesto de Impacto Ambiental y no autorizó el estudio de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa en la Puerta del Sol. Esto implicaría una victoria para los defensores del río; sin embargo, manifestó, continuarán en la vigilia, ya que las autoridades no se han pronunciado ante estas noticias, además de que pueden brincarse estos pormenores legales y continuar con la construcción de la presa, como ha pasado en otros lugares. Por último, María comentó que el año pasado lo recuerda como un año muy fuerte, complicado, con tristezas, amenazas y mucha lucha por la defensa del territorio, pero que estas noticias alegran a las y los defensores del Río Sonora, aunque se mantendrán alerta y en guardia ante posibles nuevas incursiones del gobierno estatal.

En entrevista con Jano Valenzuela, vecino de Sacramento Residencial y parte de la comunidad organizada que protege los 4mil metros cuadrados de área verde del fraccionamiento, nos comenta la buena noticia: se logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras en toda el área verde, gracias al juicio de amparo promovido por María Dolores Sánchez Acosta, abogada defensora del área verde del Residencial. Esto les da la tranquilidad de que, al menos durante el transcurso del juicio de amparo, no puede haber construcción ni tala de árboles. La suspensión reconoce la existencia de posibles violaciones de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al espacio público y la legalidad urbanística. Esto es "una lucecita al final del túnel", nos comenta Jano, pero las y los vecinos saben que no pueden confiar en el respeto a la ley o la buena voluntad por parte de las personas corruptas de la constructora involucrada y el Ayuntamiento de Hermosillo. Este sábado también se realizó una rueda de prensa para socializar lo sucedido, como un mecanismo de contención ante la corrupción. Jano comenta que las y los vecinos tienen la razón ética, política y ahora jurídica, y esperan contar con el apoyo de la ciudadanía en caso de que se renueven los permisos y las actividades de tala o construcción en el área verde de Sacramento Residencial. Finalmente, se invita a la comunidad a conocer el bosque urbano comunitario que representa esta área verde, y próximamente se harán actividades de recaudación de fondos para los gastos legales de esta defensa del territorio.

La invasión estadounidense a Venezuela, y el ulterior secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurrieron tras un ataque que “dejó ciega” a Caracas en términos militares. El ataque, según las conclusiones de periodistas de Ceiba que formaron parte de una mesa de diálogo durante la primera transmisión de la Boca Nostra de 2026, fue de corte electromagnético, y responde a una política que calificaron como neofascista. La mesa estuvo conformada por Ariadna Mogollón, Jorge Vilalta, Mikel Moreno, quienes durante los últimos días recorrieron los sitios de los bombardeos, y Ricardo Pose, quien además de reportear para Ceiba le ha dado cobertura a la situación regional para TeleSur. Mostraron rechazo ante la versión mediática que afirma que el pueblo venezolano “celebra en las calles”; afirman que las manifestaciones se han organizado para ofrecer apoyo al gobierno bolivariano, rechazar la invasión militar y exigir el retorno del presidente Maduro. También en el plano mediático, resaltan como tema central el uso del inexistente “Cartel de los Soles” como un arma propagandística para instalar la idea de que el alto gobierno venezolano era un cartel narcotraficante y así ganar apoyo internacional para una intervención. “El chavismo no pedirá permiso para existir", concluyen de cara a la urgencia de la coyuntura calificada como un punto de inflexión.

Rafael Bracamontes, habitante de la región del río Sonora y parte del movimiento en defensa del río y en contra del reciente plan de construcción de presas en la zona, nos habló de la manifestación que se realizó el pasado 9 de diciembre, en la que él y demás habitantes de los pueblos del río Sonora, ambientalistas, el cuerpo legal y personas simpatizantes con su lucha, ingresaron por su cuenta al Congreso del Estado después de que se les negara el acceso. El objetivo fue hablar con los diputados, en particular con Omar Del Valle Colosio, quien ese día presentó una propuesta en la misma línea del plan hídrico que es rechazado por la población de la región. Rafael denuncia que las puertas cerradas contradicen el discurso oficial de apertura al diálogo, y por eso se decidieron a entrar de esa manera al recinto. Una vez dentro, se reunieron con tres diputados y Rafael les expresó el hartazgo de la población ante discursos vacíos y la falta de acciones reales que beneficien a las comunidades, señalando que los diputados viven en “otro mundo”, aunque dependen del mundo de la ciudadanía común. El diputado Omar Del Valle se comprometió a poner en pausa la Ley de Presas y a instalar una mesa de análisis con los pobladores del río Sonora. Ante esto, el movimiento se mantendrá vigilante y presionando por todos los medios posibles para que el compromiso se cumpla, ya que el diputado, actual presidente del Congreso, ha prometido antes visitar el río Sonora sin cumplirlo. Rafael afirmó que actualmente no ha habido maquinaria ni nuevas acciones gubernamentales, debido a la constante vigilancia comunitaria y la comunicación entre los pueblos. Destacó que el movimiento de defensa del río Sonora se encuentra cada vez más fuerte y mantienen la esperanza de salir de esta lucha “con los brazos en alto”.

Patricia Ramírez y un colectivo de periodistas, busca llevar el periodismo al espacio público mediante lecturas en voz alta de notas y reportajes. Con bocinas y micrófonos, comparten fragmentos e invitan a las personas a consultar la información completa. Esto lo expreso Emmanuel integrante de Periodismo en Voz Alta en entrevista en vivo para la boca nostra. Su objetivo es difundir periodismo crítico y reducir la distancia con las personas que viven las problemáticas. Emmanuel nos dijo que consideran que ser “periodistas de a pie” implica una cercanía real con las comunidades; opina que los periodistas de medios hegemónicos no deberían sentirse orgullosos de estar cerca de personas influyentes. El proyecto aborda temas diversos—infancias, crisis ambientales, problemáticas locales, estatales y nacionales—y realiza las lecturas en los espacios donde esas realidades se viven, mostrando que los fenómenos se complementan y hay temas que parecen lejanos pero no lo son. Periodismo en Voz Alta es una forma de periodismo performático que incorpora diálogos y una voz narrativa. Aunque no se consideran un medio de comunicación en sí, sí se asumen como divulgadores y distribuidores de sus propios reportajes y de los de sus colegas. Contrastan con la tendencia de que el periodismo circule únicamente en plataformas digitales, pues buscan recuperar la calle como espacio informativo.

Las historias personales también forman parte de la memoria de un territorio, y corren el riesgo de perderse si dejan de contarse. Villa de Seris, un barrio mágico cercano al centro de Hermosillo, fue en sus orígenes un pueblo que con el tiempo terminó siendo absorbido por la ciudad. Hoy, las vivencias de sus habitantes más longevos enfrentan la amenaza del olvido. Sin embargo, gracias a la iniciativa comunitaria Postales Sonoras Para No Olvidar, coordinada por Silvia Maytorena, se logró rescatar varias de estas memorias con el propósito de que permanezcan vivas y puedan ser escuchadas. En entrevista en vivo para La Boca Nostra, Silvia Maytorena compartió sus experiencias en el desarrollo del proyecto, el cual se dividió en tres etapas: primero, una serie de talleres; después, el trabajo de campo para recolectar testimonios; y finalmente, la producción de una serie de podcasts compuesta por cuatro capítulos. Durante la conversación, Silvia subrayó que los afectos son un elemento clave para la memoria. A través de ellos, explicó, el equipo de Postales Sonoras buscó construir un “archivo vivo” de Villa de Seris, entrevistando a personas de lugares emblemáticos como su familia de la Piedra Bola, Norma del Cerrito de la cruz y la iglesia de La Candelaria. Además de hablar sobre el proceso, Silvia extendió una invitación para este martes 9 de octubre a la presentación del proyecto en la Sala A del Museo de Arte de Sonora (MUSAS), a las 6 de la tarde. En el evento, los asistentes podrán apreciar también archivos sensoriales y visuales que complementan la propuesta.

Una movilización que exige un alto al fuego mientras expone algunas de las causas que respaldan la denuncia del genocidio que acontece en Palestina a manos de las tropas israelíes tuvo lugar en Hermosillo el pasado sábado 29 de diciembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La protesta se debe, comentó Mari de la organización comunista y feminista Pan y Rosas durante entrevista con la Boca Nostra, a que siguen los bombardeos en la franja de Gaza y a que el hambre se mantiene como arma de guerra, situación que se recrudece con la llegada del invierno. En México se constató la movilización de diversos colectivos en 20 entidades de la república, mismas que abordaron las implicaciones éticas que el conflicto global impone en cada localidad: las empresas vinculadas a Israel son proveedores de armas y equipo militar para grupos como los del narcotráfico. "Son las mismas balas", denuncia.

Las drogas han inundado los barrios populares de las ciudades de México, como Hermosillo. Los grupos más vulnerables tienden a ser las infancias y las juventudes. Esto ocurre en un contexto en el que estos mismos barrios parecen abandonados por las instituciones, pues no cuentan con opciones distintas de desarrollo. Como si las drogas fuesen la única alternativa. Es por ello que desde hace meses un grupo de padres, madres y vecinos de la colonia Las Amapolas decidió hacer frente al problema desde un ángulo poco usual. Alejados de la violencia que propone el Estado hacia las personas consumidoras, ellos optan por la autogestión y el deporte, impulsando un campo y un equipo infantil de béisbol llamado “Los Coyotes”. En entrevista con la Boca Nostra, Ana Luisa Llanes y Abraham Ramírez, residentes de Las Amapolas, cuentan que el proyecto nació gracias a Rosario Ochoa, o “Chayo”, como le llaman de cariño, un profesor jubilado, desde hace 20 años impulsa la restauración de un terreno baldío ubicado en la colonia para convertirlo en un campo de béisbol. Aunque Chayo logró que se edificara la infraestructura del campo, el proyecto se vio truncado; sin embargo, este año tomó un nuevo impulso con el apoyo de padres y vecinos. El espacio es gratuito, y cualquier niña o niño de la colonia puede participar. A penas en mayo el grupo era de solo 10 infantes, pero hoy día son más de 40 quienes se reúnen alrededor del deporte más emblemático de la ciudad: La única condición es que los padres ayuden con la limpieza y el mantenimiento del campo para que las infancias puedan entrenar. Este trabajo también ha incluido la reforestación del espacio, lo que impacta no solo en el bienestar físico de las infancias, sino también en el mejoramiento del entorno que habitan. Ana y Abraham hicieron un llamado a las autoridades para que se sumen a este proyecto, pues al campo todavía le hace falta mucha infraestructura y lo conseguido se expone com frecuencia a robos por falta de iluminación. Quienes deseen apoyar pueden contactarse por medio de las redes sociales del equipo o directamente con La Boca Nostra.

En días pasados, el Sindicato Industrial OYM, de carácter independiente, obtuvo su registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con ello se abre una opción distinta frente al predominio de los sindicatos blancos que operan en el sector maquilador de la ciudad fronteriza. En entrevista, el líder sindical Francisco Cota dio a conocer la noticia del registro legal. Explicó que esta organización está integrada por personas trabajadoras de la maquiladora Amphenol y que su objetivo es defender los derechos de cientos de empleados de las distintas plantas de la empresa en Nogales, después de haber enfrentado hostigamiento y violaciones sistemáticas a sus derechos laborales. Francisco, secretario general del nuevo sindicato, comentó que la obtención del registro formal brinda mayor confianza para que más obreros y obreras se sumen a la organización. Sin embargo, lamentó que, por ahora, no pueden atender solicitudes provenientes de otras fábricas o maquiladoras que buscan iniciar procesos similares de organización. También señaló que el sindicato OYM recibió apoyo de diversas organizaciones de Estados Unidos para cumplir los pasos necesarios en la obtención del registro. Subrayó que se trata de un sindicato independiente, sin vínculos con la CTM ni con ninguna otra organización sindical blanca o cercana a los intereses empresariales. Esto, luego de que un comunicador conocido en el estado difundiera que el nuevo sindicato pertenecía a la CTM. Finalmente, invitó a las personas interesadas en afiliarse o conocer más sobre su trabajo y su historia a buscarlos en sus redes sociales.

En enero de este año, las Madres Buscadoras por la Paz localizaron un conjunto de fosas clandestinas de las cuales rescataron los restos de 45 personas. Estos hallazgos se realizaron en el kilómetro 20 de la carretera 26, en las periferias del este de Hermosillo. A lo largo del año han encontrado una veintena más, cerrando la cifra en 65 restos durante los últimos días. Sobre esto hablamos este sábado con Cecilia Delgado, integrante de Madres Buscadoras por la Paz, quien abordó este tema y habló además sobre la experiencia de la organización al ofrecer pláticas de prevención y sensibilización sobre la desaparición forzada en escuelas preparatorias de Hermosillo. Relató que ha sido una experiencia gratificante, ya que las y los jóvenes se muestran muy receptivos y el personal docente considera estas charlas sumamente valiosas para el estudiantado. La idea surgió a partir de una sobrina de Cecilia y su profesora de preparatoria, quien solicitó las pláticas al enterarse de que su alumna tenía primos desaparecidos. Las sesiones se centran en generar conciencia, partiendo de que cualquier persona puede ser víctima de desaparición y que es necesario tener cuidado con las vacantes falsas de empleo, como ocurrió —señaló— en la costa de Hermosillo, donde las personas jóvenes pueden estar en mayor riesgo ante este tipo de delitos. Por otra parte, Cecilia recalcó que se ha logrado un avance significativo en la manera en que las autoridades apoyan y acompañan a las madres buscadoras, y recordó que ellas solo quieren encontrar a sus familiares y llevarlos a un lugar digno.

La música puede ser una sustancia que nos interconecta a través del tiempo y el espacio. Escuchar a Matavenados en vivo implica un momento único: un encuentro familiar y de amistad que difícilmente se repite, como un evento cósmico que llega año con año… aunque a veces no suceda. Eleazar Silvestre (guitarra), David Cordero (bajo) y Gibrán Montijo (batería), integrantes de Matavenados —banda de rock progresivo sonorense— estuvieron en cabina este sábado para promocionar su presentación en vivo del pasado 15 de noviembre. Conversamos sobre los referentes de esta reconocida banda local, así como sobre los elementos distintivos de su propuesta: el sonido instrumental sin voz que evoca ritmos de los pueblos originarios y los nombres de sus canciones, que rozan el humor y remiten a frases típicas de la región. Esto lo hacen, explicaron, como una forma de evitar la tendencia de algunos grupos del género a elegir títulos pretenciosos para sus temas. Durante la entrevista también abordaron por qué es tan complicado escuchar a Matavenados en vivo. Cada integrante vive en una ciudad distinta y, por ello, coincidir en Hermosillo —su lugar de origen— se vuelve una oportunidad irrepetible para disfrutar su ya icónica propuesta musical. Esa noche el concierto fue un grato encuentro entre familiares, amigos y rostros conocidos. La relación cercana entre el público y la banda se notó en los múltiples saludos que los músicos hicieron a los asistentes. Con invitados especiales, Matavenados reafirmó por qué para muchos es considerada la mejor banda de su género en el estado. Sus ritmos variados, complejos y progresivos inundaron el escenario del conocido bar de la ciudad, dejando en los asistentes una sonrisa que permaneció incluso después de terminado el concierto.

El pasado 18 y 19 de Octubre se llevó a cabo la 6ta Asamblea Nacional Por el Agua, la Vida y el Territorio en la comunidad Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora. Este evento es una iniciativa del Congreso Nacional Indígena - Concejo Indígena de Gobierno que se lleva a cabo desde el 2022. Con respecto al mismo, el pasado 25 de Octubre, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Micaela Vera quien es miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, quienes se dieron cita para participar en la asamblea. Micaela nos cuenta sus impresiones sobre la diferencia que existe entre el uso de imágenes y el discurso oficial del gobierno federal sobre los pueblos originarios y la realidad de todas las comunidades indígenas en resistencia. Comenta sobre el gran número de coincidencias entre las luchas de resistencia a lo largo del país y la defensa del Río Sonora que de igual manera sufren amenazas y violencia. Además de hablar sobre la asamblea Micaela señala que hay un gran número de inconsistencias con respecto a la consulta popular anunciada por Claudia Sheinbaum. Explica que los estudios técnicos que necesitan para realizar la consulta dejan de fuera muchos detalles y los estudios de impacto ambiental se han hecho de manera muy escueta. De la misma manera la defensora del Rio Sonora denuncia que el alcalde de Ures ha operado de manera activa ofreciendo pagos en dinero, materiales de construcción y diferentes tipos de dádivas para que no solamente los pobladores de la cuenca sino de poblaciones fuera de ella firmen en favor de la construcción de las presas.

El sábado 1 de noviembre, un incendio en una tienda Waldos en Hermosillo, dejo heridas a 12 personas y cobró la vida de 24 personas, entre ellas una mujer embarazada, 6 menores de edad, cuatro niñas y dos niños. El miercoles 5 de noviembre, ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia. La marcha, encabezada por Paty Duarte, madre de uno de los niños fallecidos en la guardería ABC, se convirtió en un acto de memoria y denuncia que unió dos tragedias marcadas por la impunidad. En la crónica “Marcha por el Caso Waldos: eco del abc”, se relata desde dentro el ambiente de la movilización: el silencio pesado del inicio, los rostros cargados de rabia y tristeza, las consignas que estallan después de minutos de contención, y las voces de quienes no se resignan al olvido. Entre entrevistas, consignas y pasos sobre el pavimento, se entrelazan testimonios de madres, trabajadores y jóvenes que reclaman respuestas ante la negligencia y la desprotección del Estado. Una narración que revela las heridas abiertas que comparten el caso Waldos y el de la guardería ABC.

A diferencia de la década de los ochentas cuando las luchas de las mujeres impactaron en políticas de desarrollo para el empoderamiento económico, principalmente, y la conquista de espacios de poder, en la actualidad las luchas de las mujeres son en su mayoría confrontaciones directas con el sistema, en la búsqueda de la justicia y la autodefensa. Esto explica la historiadora y antropóloga Rafaella Fontanot en la entrevista de este pasado sábado. Rafaella es docente y activista feminista, y nos comenta que en Sonora hay más de 50 organizaciones que se dedican al acompañamiento y la despenalizacion del aborto, la búsqueda de familiares desaparecidos, acompañamiento a mujeres victimas de violencia, defensa del territorio y la agenda de los derechos de las mujeres niñas y adolecentes. Y agrega que hay estudios en Latinoamérica que indican que a mayor participación política de las mujeres, "aumenta la violencia hacia nosotras’’ lo que implica que también hay que resistir agresiones digitales y físicas que incluyen vigilancia y la difamación. Raffaella nos explica las diferencias que identifica entre el activismo masculino y el activismo femenino y cómo las mujeres han reconfigurado los movimientos sociales. Una de sus preocupaciones es que muchas de las mujeres luchadoras sociales no se identifican con el concepto de activistas, lo que implica riesgos mayores debido a un acceso menor a mecanismos de protección.

El pasado 7 y 8 de octubre, alrededor de 700 trabajadores de Canal 11 fueron notificados sobre un cambio en su régimen fiscal: pasarían de estar contratados bajo el esquema de arrendamiento de servicios a personas físicas con actividad empresarial. Esta modificación impacta directamente en la forma en que reciben su salario, ya que dejarían de cobrar de manera quincenal para recibir un solo pago mensual, lo que afecta su estabilidad económica. En entrevista con una trabajadora del canal —medio público perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN)—, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, se reveló que la notificación fue hecha de forma “insolente” y sin previo aviso. La entrevistada recordó que en meses anteriores ya se habían presentado retrasos en los pagos, situación que incluso fue mencionada en la conferencia presidencial conocida como La Mañanera. Las y los trabajadores expresan miedo de alzar la voz ante la posibilidad de perder su empleo; sin embargo, el malestar es generalizado. Además, denuncian la falta de insumos básicos para realizar su trabajo, lo que agrava las condiciones laborales. “Es un conjunto de problemáticas que revela lo que siempre ha estado de fondo: la precarización del trabajo en el periodismo y la comunicación, y también la urgencia de organizarnos como gremio. Esto le conviene a los patrones y al capital, que no exista una estructura laboral fuerte ni unida”, expresó la trabajadora entrevistada. En los próximos días, se prevé la presentación de un pliego petitorio, cuyo objetivo no es la destitución de directivos, sino exigir el respeto a los derechos laborales básicos que toda persona trabajadora debería tener.

Un despido injustificado llevó en 2023 a una demanda en contra de Amphenol Optimize, una de las maquiladoras mas grandes de Nogales, y días después al inicio de la formación de un sindicato independiente. Desde entonces pasaron dos años en los que su dirigente ha denunciado múltiples intentos de amedrentamiento por parte de la compañía en colusión con las autoridades: lo último, denuncia, fue una “privación ilegal de la libertad”. Sucedió, narra Francisco Cota, dirigente del Sindicato Industrial O&M, a fines de septiembre, cuando, con engaños, agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra suya. Esto a pesar de que existía un amparo que suspendía la detención como medida cautelar. Los cargos de los que se le culpa son “extorsión y lo que resulte”, mientras que las “pruebas” que llevaron al Poder Judicial a emitir la orden de aprehensión consisten en correos electrónicos escritos en el contexto de una negociación formal, mismos que fueron sacados de contexto. Actualmente, el SIO&M se encuentra en espera de su registro oficial como sindicato, mientras, la fila de preafiliados crece mientras el Comité de Trabajadores, el sindicato blanco de la empresa trasnacional, queda expuesto como una organización al servicio del patrón.