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EPISODE · Sep 12, 2025 · 1 MIN

Cynthia Petion y Eddie Petion Audio de Cooperativas Dominicanas Un Clásico en Peligro

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Cooperativas dominicanas entre solidaridad histórica y urgencia regulatoria para continuar creciendoEl cooperativismo en la República Dominicana tiene raíces profundas: más de 78 años impulsando inclusión financiera y desarrollo para comunidades que a menudo quedan al margen del sistema bancario tradicional. Con más de 2,322 cooperativas activas y alrededor de 2,2 millones de asociados —equivalente a una quinta parte de la población— este sector ha sido clave para ofrecer soluciones de crédito, ahorro y servicios sociales a las zonas menos atendidas. Pero pese a su importancia, el cooperativismo enfrenta hoy desafíos estructurales que ponen en riesgo su sostenibilidad, crecimiento y capacidad de cumplir su misión socioeconómica. En particular, el informe reciente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) destaca con claridad tres grandes retos: la regulación, la supervisión efectiva y el acceso a financiamiento competitivo. Un sector cooperativo fuerte — con historia y alcance socialPara comprender el problema, primero es necesario valorar lo que ya existe. El modelo cooperativo dominicano:Está presente en amplias zonas del país, tanto urbanas como rurales, con cooperativas de ahorro, crédito, de productores agrícolas, cooperativas de consumo, entre otras.Ha brindado servicios financieros básicos a millones de personas, muchas de las cuales no tienen acceso habitual a la banca comercial. Esto incluye productos de ahorro y crédito, pero también servicios sociales asociados.Ha generado empleo, promovido la economía local y fomentado valores de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad comunitaria. Estos son activos intangibles, pero de muy alto valor en tiempos de crisis, inflación o incertidumbre económica.Sin embargo, la misma historia y alcance del sector cooperativo revelan que su estructura legal y de funcionamiento no ha evolucionado al ritmo que lo exigen los cambios económicos, financieros y regulatorios globales y nacionales. Ahí nacen los problemas que hoy se evidencian.El marco regulatorio: obsoleto, disperso y limitadoUno de los hallazgos centrales del informe del MICM es que la legislación vigente para las cooperativas dominicanas está desactualizada. Algunas leyes que rigen el cooperativismo datan de décadas atrás, cuando la economía local, la tecnología financiera y las oportunidades de inclusión eran muy distintas. Algunos puntos clave:Falta de una ley moderna unificada que defina con claridad qué obligaciones tienen las cooperativas en términos de transparencia, gobierno corporativo, rendición de cuentas, protección de ahorrantes, solvencia, etc. Las leyes actuales muchas veces no contemplan todos estos temas, o lo hacen de forma parcial.Dispersión normativa: múltiples leyes (como la Ley 127-64 de Asociaciones Cooperativas, la Ley 31-63, la Ley 155-17 de lavado de activos, reglamentos antiguos, etc.) regulan distintos aspectos, pero con solapamientos, vacíos y ambigüedades. Esto genera inseguridad legal para las cooperativas y para los socios. Ausencia de un plan estratégico de desarrollo cooperativo: según el informe, no hay una hoja de ruta clara desde el gobierno que marque metas de regulación, supervisión, financiamiento ni de innovación tecnológica para las cooperativas.Estas deficiencias normativas reducen el atractivo del cooperativismo ante socios, inversores o potenciales asociados, pues la percepción de riesgo crece —riesgo legal, operativo, reputacional—, lo que puede traducirse en menores ingresos, dificultades para crecer y vulnerabilidad ante crisis.Supervisión: entre presencia tímida y necesidad de eficaciaLa regulación no sirve de mucho si no hay supervisión efectiva. Aquí otro gran reto identificado en el informe:Idecoop, el organismo estatal encargado de supervisar el sector cooperativo, ha realizado avances: auditorías, fiscalizaciones, certificaciones e instauración de ciertos estándares de control.Pero esos esfuerzos muchas veces se ven limitados por la falta de capacidades técnicas, recursos humanos especializados, tecnología de información, seguimiento continuo, y sanciones efectivas ante incumplimientos. Una cooperativa podría no cumplir ciertos estándares, sin enfrentar consecuencias reales, lo que genera riesgos morales y financieros.También se señala que en muchas cooperativas la gobernanza interna —los mecanismos de rendición de cuentas, los órganos directivos, las prácticas de transparencia— no están lo suficientemente desarrollados o no se aplican con rigor. Esto incluye resistencias al relevo generacional o poca renovación de liderazgos, lo que puede implicar perpetuación de prácticas antiguas, falta de innovación o falta de adaptación.Supervisión financiera hoy no solo significa chequear balances, sino monitorear riesgos, prevenir fraudes, asegurar cumplimiento de estándares contables, asegurar reservas adecuadas, riesgos de crédito, liquidez, sobre exposición a determinados activos, etc. En ausencia de ello, los cooperativismo puede enfrentar crisis difíciles.Financiamiento competitivo: acceso difícil, costos elevadosUn tercer problema clave es el financiamiento. Para crecer, innovar, prestar mejores servicios y ofrecer tasas competitivas, las cooperativas necesitan acceder a capital, crédito e instrumentos de financiación sostenibles. El informe lo deja claro:Muchas cooperativas dominicanas tienen dificultades para acceder a líneas de crédito con tasas que les permitan competir. Las tasas muchas veces son elevadas, plazos reducidos o garantías exigidas muy costosas.No hay, en muchos casos, instrumentos financieros especializados para cooperativas —por ejemplo fondos de apoyo, garantías estatales o mixtas, vehículos de financiamiento colectivo, cooperación internacional, inversiones privadas orientadas al desarrollo cooperativo.También la competencia con entidades financieras comerciales, bancos y otros intermediarios financieros mejor regulados pero con mayor acceso al capital, hace que las cooperativas queden en desventaja en la oferta de tasas, productos digitales u operativos, infraestructura tecnológica, etc.Sin capital accesible y sostenible, cualquier intento de modernización, expansión o mejora de los servicios será limitado o costoso. Esto afecta directamente el costo del crédito para los socios, la calidad del servicio, la innovación tecnológica y la capacidad de competencia.Implicaciones para los asociados, la inflación y la economía¿Por qué todo esto importa en términos de inflación, precios y bienestar económico?Si las cooperativas enfrentan costos elevados de financiamiento o no pueden acceder a capital barato, esos costos se trasladan a sus productos: tasas de préstamo más altas, menores plazos, mayores requisitos, lo que encarece para sus asociados los créditos que utilizan para vivienda, emprendimientos, mejoras.Los asociados de las cooperativas, muchas veces sectores vulnerables o de ingresos medios bajos, tienen menos margen para absorber estos costos, lo que puede afectar su poder adquisitivo. Es decir, las cooperativas pueden mitigar algunas de las presiones inflacionarias si funcionan bien; pero si no lo hacen, pueden también amplificarlas.Además, la falta de supervisión adecuada puede generar riesgos financieros en el sistema cooperativo: quiebras, pérdidas patrimoniales, mala administración que lleva a pérdidas para socios, pérdida de confianza, lo que puede generar fuga de depósitos o retiro de ahorros hacia entidades menos riesgosas pero posiblemente más costosas.En un ambiente de inflación alta general, la competencia financiera tiende a favorecer a quienes tienen mejor acceso al crédito y capital; si las cooperativas quedan atrás, aumentan las desigualdades financieras y sociales.Caminos posibles: reformas, buenas prácticas y propuestasPara enfrentar estos retos y fortalecer el cooperativismo dominicano, algunas reformas y buenas prácticas pueden marcar la diferencia. Aquí algunas sugerencias basadas en el informe del MICM y análisis comparativo de cooperativismo en otros países:Actualizar la ley cooperativa: aprobar una ley moderna que reúna los diversos cuerpos legales dispersos, defina claramente obligaciones, estándares de gobernanza, transparencia, protección de socio, prevención de lavado de dinero, etc.Mejorar la supervisión técnica y financiera: dotar a Idecoop de más capacidades, recursos, personal especializado, tecnología para monitoreo continuo, capacidades de auditoría, seguimiento de riesgos, sanciones efectivas.Crear instrumentos de financiamiento especializados: fondos de garantías para cooperativas, líneas de crédito preferenciales subsidiadas, asociaciones público-privadas, cooperación internacional para fortalecer capacidades de inversión, inf

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Cooperativas dominicanas entre solidaridad histórica y urgencia regulatoria para continuar creciendo El cooperativismo en la República Dominicana tiene raíces profundas: más de 78 años impulsando inclusión financiera y desarrollo para comunidades que a menudo quedan al margen del sistema bancario tradicional. Con más de 2,322 cooperativas activas y alrededor de 2,2 millones de asociados —equivalente a una quinta parte de la población— este sector ha sido clave para ofrecer soluciones de crédito, ahorro y servicios sociales a las zonas menos atendidas. Pero pese a su importancia, el cooperativismo enfrenta hoy desafíos estructurales que ponen en riesgo su sostenibilidad, crecimiento y capacidad de cumplir su misión socioeconómica. En particular, el informe reciente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) destaca con claridad tres grandes retos: la regulación, la supervisión efectiva y el acceso a financiamiento competitivo. Un sector cooperativo fuerte — con historia y alcance socialPara comprender el problema, primero es necesario valorar lo que ya existe. El modelo cooperativo dominicano: Está presente en amplias zonas del país, tanto urbanas como rurales, con cooperativas de ahorro, crédito, de productores agrícolas, cooperativas de consumo, entre otras. Ha brindado servicios financieros básicos a millones de personas, muchas de las cuales no tienen acceso habitual a la banca comercial. Esto incluye productos de ahorro y crédito, pero también servicios sociales asociados. Ha generado empleo, promovido la economía local y fomentado valores de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad comunitaria. Estos son activos intangibles, pero de muy alto valor en tiempos de crisis, inflación o incertidumbre económica. Sin embargo, la misma historia y alcance del sector cooperativo revelan que su estructura legal y de funcionamiento no ha evolucionado al ritmo que lo exigen los cambios económicos, financieros y regulatorios globales y nacionales. Ahí nacen los problemas que hoy se evidencian.El marco regulatorio: obsoleto, disperso y limitadoUno de los hallazgos centrales del informe del MICM es que la legislación vigente para las cooperativas dominicanas está desactualizada. Algunas leyes que rigen el cooperativismo datan de décadas atrás, cuando la economía local, la tecnología financiera y las oportunidades de inclusión eran muy distintas. Algunos puntos clave: Falta de una ley moderna unificada que defina con claridad qué obligaciones tienen las cooperativas en términos de transparencia, gobierno corporativo, rendición de cuentas, protección de ahorrantes, solvencia, etc. Las leyes actuales muchas veces no contemplan todos estos temas, o lo hacen de forma parcial. Dispersión normativa: múltiples leyes (como la Ley 127-64 de Asociaciones Cooperativas, la Ley 31-63, la Ley 155-17 de lavado de activos, reglamentos antiguos, etc.) regulan distintos aspectos, pero con solapamientos, vacíos y ambigüedades. Esto genera inseguridad legal para las cooperativas y para los socios. Ausencia de un plan estratégico de desarrollo cooperativo: según el informe, no hay una hoja de ruta clara desde el gobierno que marque metas de regulación, supervisión,...

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