Déficit habitacional nacional: estado de la cuestión

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos. El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada. Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse. Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos. No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones. En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.