Derechos postergados, economía fallida

Desde hace ya un tiempo, la situación económica es percibida por la mayoría de la población como el principal problema familiar y del país. 73 de cada 100 salvadoreños así lo expresaron en la encuesta hecha por el Iudop después de las elecciones de este año. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, la pobreza y los pobres han crecido en los últimos cinco años, alcanzando su nivel más alto desde 2018. Casi dos millones de compatriotas viven en pobreza (relativa o extrema). La economía nacional falla. Y falla porque fallan los gobernantes y la ciudadanía. Históricamente se han atendido más los derechos civiles y políticos, descuidando los económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales y la participación activa en la vida política y social. Así, son civiles los derechos a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de expresión y de opinión, por citar algunos. Y son derechos políticos el derecho al voto, a postularse a cargos de elección popular o a participar en los asuntos públicos del país. Los derechos económicos, sociales y culturales, en cambio, hacen posible que las personas gocen de un nivel de vida adecuado, están directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas para vivir con dignidad. Algunos derechos de esta categoría son el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura y a la seguridad social. El cumplimiento de la gran mayoría de estos derechos requiere de recursos económicos y de la voluntad política de los gobernantes. Hasta la fecha, los sucesivos Gobiernos del país han destinado muy pocos recursos al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Se paga, por ejemplo, una suma millonaria a empresas tecnológicas para el conteo de votos y se deja de invertir en viviendas accesibles para la población. Se destinan ingentes recursos para cárceles, mientras la calidad de la educación se hunde. Por otra parte, la ciudadanía no ha asimilado que la satisfacción de las necesidades para llevar una vida digna es uno de sus derechos. Por ello, a excepción del derecho al agua, el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales no es motivo de protesta cívica. Es poco probable que la gente proteste por la destrucción del patrimonio nacional, porque el salario no le alcanza, porque no tiene una vivienda decente. El problema de fondo es cómo se ha organizado la economía. Las autoridades trabajan más por cumplir las exigencias y expectativas de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo que por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Hasta hoy, solo se han aplicado modelos de crecimiento económico, pero El Salvador nunca ha tenido una estrategia de desarrollo pensada para beneficio de la mayoría de la población. A la larga, el descuido de los derechos económicos, sociales y culturales atenta contra la estabilidad y la gobernanza de los países. Por sí mismo, el crecimiento económico no lleva a la superación de las injusticias estructurales; en el país más bien ha aumentado la desigualdad. Si los derechos humanos no están en el centro y a la base de las políticas públicas, lo que se está calentando es una olla llena de combustible.