Desidia, despreocupación y abandono de los derechos humanos

En el acontecer de la UCA, se llevaron a cabo recientemente dos intervenciones sobre la realidad nacional. La primera, una encuesta del Iudop sobre la continuidad del régimen de excepción; la segunda, el estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 2023. En ambas investigaciones se advierte no solo la problemática existente en torno a derechos básicos, sino también la ignorancia de la población al respecto. En efecto, los resultados de la encuesta del Iudop muestran un amplio respaldo al régimen de excepción, que ya lleva dos años vigente; sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma desconocer los derechos que el régimen ha suspendido. El desconocimiento de los derechos humanos en el país es un problema grave de larga data. Los partidos tradicionales, a pesar de sus discursos, nunca se preocuparon en serio por el tema. Si lograba llegar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un profesional con el conocimiento y el compromiso adecuados, pronto era asediado por uno o varios de los poderes del Estado. Las frases repetidas de los políticos asegurando el respeto a los derechos chocaban con una realidad de desidia, despreocupación y abandono de los derechos de los sectores pobres o vulnerables. Más que un Estado democrático de derecho, lo que se implantó en el país después de la guerra fue un estado de consagración de privilegios. Por ello no extraña que, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil, una gran proporción de la población no crea ni se interese en los derechos humanos. Para quienes tienen la convicción de que los derechos humanos deben ser la fuente básica de la convivencia en el país, el estudio anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos ofrece una fuente de reflexión y compromiso, pues corrige los datos estatales sin caer en exageraciones tendenciosas, contribuye a entender la realidad actual de olvido o violación de derechos humanos y facilita el pensamiento crítico. En el informe de 2023, el Observatorio concluye que “hoy día en El Salvador funcionan paralelamente dos procedimientos penales: el procedimiento común, ordinario, y el procedimiento penal del enemigo desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales”. El segundo procedimiento termina considerando a quienes amenazan la estabilidad del Estado como si fueran enemigos extranjeros, en guerra contra la República, que merecen castigos especiales, mucho más duros que los ordinarios. Algunos de los abusos que se derivan de ese estilo de derecho penal discriminatorio son penas exageradas tanto a adultos como a menores de edad, suspensión de la visita familiar, tiempos muy largos de prisión preventiva, juicios masivos, jueces sin rostro, e incluso formas de desaparición forzada llevadas a cabo por el Estado. Mientras El Salvador continúe empecinado en intentar resolver sus problemas actuando de espaldas a los derechos humanos, será muy difícil alcanzar mayor desarrollo humano y construir una convivencia pacífica y armoniosa.