Desprecio por las familias

La Iglesia católica insiste en que “la familia debe ser considerada protagonista esencial de la vida económica”. Es esta una afirmación con la que pocos se atreverían a estar en desacuerdo. Sin embargo, en la práctica, las familias salvadoreñas están en abandono desde hace años. Algunos datos recientes muestran el desprecio gubernamental a la salud económica de las familias salvadoreñas. Según datos oficiales, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro personas asciende a 264 dólares. La canasta ampliada, que incluye otros gastos como educación, salud, vivienda, etc., ascendería, por tanto, a 528 dólares. Esa cantidad es la que debe ingresar un hogar de cuatro personas para poder salir de la pobreza, pero la gran mayoría de los trabajadores ganan menos de lo que cuesta la canasta ampliada. En otras palabras, muchos permanecen en la pobreza. El salario mínimo solo libra de la pobreza a un hogar si dos de los miembros trabajan y no hay más de dos personas dependientes. Si bien las remesas y algunos trabajos y horas extra posibilitan a algunas familias sortear la pobreza, la situación económica es difícil para la gran mayoría. Aunque en este año se debe subir el salario mínimo, los meses pasan y el Gobierno prefiere hablar de proyectos de infraestructura que caminan con lentitud. La única construcción veloz ha sido la de la gigantesca cárcel destinada a las pandillas. El atraso en el aumento del salario mínimo en una coyuntura de desmedido incremento de precios no es el único problema. Mientras la pobreza y la desigualdad continúan golpeando al país, un grupo de legisladores propuso subir el precio de la factura de agua, incluso en zonas de clase media-baja o pobre, donde el servicio es muy deficiente. Partiendo de que el consumo mínimo de agua por persona es de 3 metros cúbicos al mes, un hogar de cuatro personas tendría un aumento en la tarifa del agua de 39 dólares, un poco más del 10% del salario mínimo. Si se aprobara el aumento, se condenaría a la mitad de la población a hundirse todavía más en la pobreza o a consumir menos agua de la que se necesita para llevar una vida decente. La Constitución salvadoreña, en el artículo 32, afirma que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, el salario mínimo, que en principio debería ser suficiente para mantener a una familia, no se sube cuando los precios de la canasta básica aumentan. La Asamblea Legislativa prefiere distraerse con los propios salarios al tiempo que estudia la manera de subir los precios del agua. Las familias de los capturados en el marco del régimen de excepción no pueden visitar a sus parientes ni saber dónde se encuentran. Ello a pesar de que se ha demostrado que una proporción de los detenidos es inocente. Más allá de la propaganda y charlatanería gubernamentales, la protección de la familia nunca ha sido una prioridad. Quienes creen en el valor de la familia deben alzar la voz para recordar tanto la responsabilidad del Estado como lo que mandan la tradición cristiana y la decencia.