editorial 08-12-20 condenados al subdesarrollo

La deriva autoritaria del Ejecutivo, los ataques entre instituciones del Estado y la falta de respuesta estructural a los problemas económicos y sociales llaman a entablar un diálogo racional con el objetivo de cambiar el país. El empobrecimiento de la población y el aumento de la deuda imponen una reforma fiscal, pero si no hay reflexión colectiva sobre ello se terminará improvisando, lo que provocará que la desigualdad crezca, los poderosos se terminen beneficiando y los más pobres se encuentren con mayores dificultades para sobrevivir. Lo típico sería que se aumentara el IVA, por lo que al final la población vulnerable será la que correrá con el costo de pagar una deuda que no la ha beneficiado. En El Salvador, la improvisación manda. Y no solamente en el Ejecutivo, que intenta ocultar con propaganda sus fracasos y debilidades. Tanto la Fiscalía General de la República como la PNC necesitan reformas serias. En el caso de la Policía, sus principales mandos han estado vinculados a crímenes o han incurrido en graves irresponsabilidades en la persecución del delito. Desde hace muchos años hacen falta una inspectoría interna realmente independiente, una depuración a todo nivel, una formación y selección de agentes más exigente, y una readecuación salarial que dignifique la función policial. Pero nada de eso se hace, sino que más bien se colocan parches y paños tibios. Frente a necesidades estructurales, las respuestas coyunturales no hacen más que agravar la situación. Por otro lado, la corrupción campea en diversas instituciones básicas de la democracia. Elementos corruptos se pueden encontrar fácilmente en el seno de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala de lo Penal hay magistrados que exhiben sin pudor su ausencia de ética y rectitud. En la Corte de Cuentas, la politización de su labor fiscalizadora es parte ya de una tradición de farsa. En el Tribunal Supremo Electoral, el deseo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales ha sido rechazado por décadas debido a los intereses de manipulación y control de los partidos políticos. En el día a día, la hipocresía y el simulacro tienen prioridad sobre la Constitución de la República, cuyos mandatos no se cumplen y buscar ser retocada insustancialmente en beneficio de ambiciones personalistas. Urge salir del grito y de lo coyuntural, y comenzar a conversar en serio sobre las reformas que el país necesita en los campos fiscal, policial y judicial, así como en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los servicios de educación, salud y seguridad social. No se avanzará sin un diálogo nacional que tenga en cuenta los derechos básicos de los pobres y vulnerables, que componen la gran mayoría de la población salvadoreña. Las respuestas coyunturales y poco reflexivas a las crisis solo conducen a permanecer en el subdesarrollo no solo económico, sino también ético y moral.