EDITORIAL 10-02-21 GRUPOS DE EXTERMINIO

Desde hace años se viene hablando de grupos de exterminio en El Salvador, en los que participan tanto policías como civiles. Inicialmente se negaba su existencia, pero a partir de 2013 el accionar de los mismos fue innegable. En 2016 se produjo la primera detención de uno de sus miembros y a partir de entonces se ha venido desarticulando a un par de grupos cada año. 2019 batió el récord al registrarse cuatro grupos desarticulados. Aunque la pandemia puso un alto en el proceso de persecución a estas bandas criminales, recientemente se ha detenido a más personas acusadas de pertenecer a ellas. La problemática, pues, dista de estar solucionada. El asesinato de la agente Carla Ayala fue cometido por un miembro de un grupo de exterminio tolerado y protegido desde el interior de la PNC. Que tomara nueve meses encontrar el cadáver y que aún no se haya arrestado al autor material del asesinato sugiere una protección formal a estos grupos por parte de, entre otros, algunos mandos policiales. El asesinato del sacerdote Walter Vázquez también continúa sin esclarecerse. Hay mucha evidencia que conduce a pensar que quienes lo mataron eran miembros de un grupo de exterminio. Lo mismo sucede con respecto al asesinato del sacerdote Ricardo Cortez y ciertos casos de desaparición de personas. Al profundizar en el conocimiento de estos grupos se advierten indicios de vínculos de miembros de la PNC con comerciantes y empresarios, e incluso líderes locales de partidos políticos, que financian actividades de limpieza social. Jóvenes sospechosos de pertenecer a una pandilla o que colaboran con una en tareas de menores son quienes con más frecuencia sufren atentados, pero también son blanco quienes resultan molestos tanto para los policías que pertenecen a estos grupos como para sus financistas. En este marco, es fundamental una depuración permanente y mucho más exigente de la PNC. No deberían tener mando operativo en la lucha contra el crimen aquellos oficiales que no hayan cumplido a cabalidad con su obligación de investigar este tipo de estructuras al interior de la institución, especialmente si han estado al mando de unidades infiltradas por los grupos de exterminio. Las bandas criminales insertadas dentro de la Policía corrompen a la institución, crean desconfianza ciudadana, dificultan la investigación del delito y golpean al Estado de derecho. Investigar estos grupos, procesarlos y erradicarlos, cortando todos sus vínculos con agentes u oficiales de la PNC, es una tarea urgente en El Salvador.