EDITORIAL 25-10-21 CORRUPCION JUDICIAL

Una de las frases más recordadas de monseñor Romero es la que dijo refiriéndose a la corrupción del sistema judicial “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. En aquel entonces, ese era un problema en toda Centroamérica. En El Salvador, la situación cambió poco durante la posguerra. Vale recordar el caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que renunció un par de días antes de terminar sus 9 años en el cargo, a fin de conseguir una prestación económica destinada a jueces de carrera que por razones especiales tuvieran que abandonar su puesto. Se trato de un fraude de ley que, aunque tuvo repercusión mediática, quedó en la impunidad. Por supuesto, siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema judicial; jueces a los que no les ha quedado de otra que convivir con colegas corruptos. A pesar de la existencia de esos jueces técnicamente buenos y de moralidad notoria, la lentitud del sistema, la indiferencia ante los derechos de las personas con menos recursos y las prácticas reñidas con estándares internacionales de derechos humanos son una plaga entre los operadores de justicia. Hoy en día, cuando desde ámbitos gubernamentales y legislativos se habla de luchar contra la corrupción judicial, se observa un empeoramiento de la situación. Se impuso una Corte Suprema obediente y dependiente de la presidencia de la República; se emiten leyes de reforma judicial que caen en la discriminación por edad, prohibida por una convención ratificada por el país; se premia a jueces interinos, elevándolos a jueces de cámara de segunda instancia, si favorecen con sus sentencias los deseos del poder político; los funcionarios se dan el lujo de desobedecer sentencias judiciales. Si antes el sistema judicial faltaba flagrantemente a la búsqueda de justicia, ahora además es más dependiente del Ejecutivo, más arbitrario en sus decisiones y más ineficiente a la hora de respetar derechos establecidos por la Constitución y por acuerdos internacionales. El deterioro ha llegado incluso a algo que había desaparecido: justificándolo en acusaciones caprichosas, se lleva a juicio a personas por razones políticas. En otras palabras, después de más de 30 años desde la firma de la paz, de nuevo hay presos políticos en El Salvador. En general, la corrupción de los sistemas judiciales es causa de graves confrontaciones y problemas sociales. La independencia, eficiencia y rectitud de los jueces es base indispensable para una democracia sana. Muchas de las medidas recientes, impulsadas mediante cambios bruscos e ilegales en la Corte Suprema, y a través de una poco reflexionada e injusta ley de reforma judicial, están llevando al país por derroteros inéditos de arbitrariedad y descomposición.