EDITORIAL 26-05-20

Desde el inicio de la declaración de emergencia, la multiplicación de normas y decretos, con frecuencia enfrentados, ha sido una causa de inseguridad jurídica. En primer lugar, porque entre tanto cambio y diversidad de normas, mucha gente no entiende bien cuáles son sus derechos, las restricciones vigentes y las penalidades por el incumplimiento de las segundas. La Sala de lo Constitucional ha emitido algunas sentencias de calidad, pero varias de ellas, por buenas o fundamentadas que fueran, no han sido ejecutadas. Las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa oscurecen todavía más la situación para el ciudadano común. En los últimos días, la Sala de lo Constitucional ha tratado de mediar en estas discusiones extendiendo hasta el 29 de mayo el decreto 593, relativo a la emergencia nacional. Da tiempo así a la Asamblea Legislativa para emitir una nueva ley, que supuestamente tendrá elementos de desescalada gradual de las restricciones económicas, laborales y de movilidad existentes. Siendo el decreto 593 de calidad constitucional dudosa, su extensión por parte de la Sala solamente tendrá un efecto positivo si logra el diálogo y el consenso entre la Asamblea y el Ejecutivo para que se emita una nueva ley que mantenga en un mismo cuerpo legal, aceptado por todos, las medidas relativas a la emergencia, la protección civil y la reactivación económica. El marasmo normativo, las omisiones y vacilaciones de la Asamblea, el autoritarismo del Ejecutivo, la lentitud de la Sala de lo Constitucional y el incumplimiento de algunas de sus sentencias han favorecido la violación sistemática de derechos humanos de la ciudadanía. El sector de clase media acomodada se ha centrado más en denunciar y quejarse por las restricciones a la libertad. Las organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos, por su parte, se han fijado más en los efectos de la inseguridad jurídica en los sectores pobres o vulnerables, generalmente sin voz para elevar sus quejas y que han sufrido serias afectaciones a sus derechos. Todavía hoy, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentenas de 15 días, hay personas sanas que, sin saber por qué, llevan más de seis semanas retenidas en Centros de Contención. E incluso algunas han sido trasladadas de un lugar a otro como medida de castigo por sus legítimas protestas. La confusión legal, unida a la larga cuarentena y a los duros enfrentamientos políticos, ha sido una fuente de sufrimiento y ha contribuido al cansancio y deterioro psicológico de muchas personas. Ello ha relegado al olvido a los privados de libertad, cuya situación ya le valió al país severas reprimendas por parte de instancias internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales condenaron hace poco y enérgicamente la situación en algunas de nuestras prisiones. Las nuevas medidas impuestas como castigo generalizado en ciertas cárceles, que escandalizaron a la opinión pública internacional durante la cuarentena, han pasado al olvido a causa de la repetición de procedimientos poco humanos contra supuestos infractores de la cuarentena. Más allá de la nueva ley que se emita, que debe ser coherente con el respeto a los derechos humanos básicos y eliminar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, es importante que se unifiquen y aclaren las normativas, y que se llegue a un diálogo constructivo entre las instituciones estatales. Que las instituciones funcionen coordinada y adecuadamente, y que los ciudadanos tengan protección de sus derechos son dos principios básicos para sostener con eficacia el esfuerzo que se requiere para superar la pandemia. Si continúan las peleas al interior del Estado, aumentarán la tensión y el enfrentamiento ciudadano, dificultando mucho construir un futuro digno para todos.