El Gobierno de la improvisación y el miedo

La tormenta Bonnie mostró con claridad y evidencia que el Gobierno de El Salvador carece de planes para casi todo, incluyendo la gestión de riesgo ante eventos naturales; su forma común de actuar es la improvisación. La tormenta fue detectada días antes de que pasara frente a la costa del país. Se conocía perfectamente su procedencia, ruta, potencial de viento y lluvia, tiempo y zonas de impacto. A pesar de ello, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Como ya es habitual, en lugar de actuar con anticipación (desalojar a los habitantes de las zonas con peligro de inundación o de deslaves, y colocarlos en albergues, por ejemplo), se optó por hacer a posteriori. En esencia, Bonnie no fue distinta a otras tormentas de gran intensidad que han caído sobre el área metropolitana de San Salvador. Las localidades más afectadas fueron las de siempre, aquellas cuya vulnerabilidad es de sobra conocida porque resultan dañadas evento tras evento, como la colonia Santa Lucía y las comunidades aledañas al río Acelhuate en la zona de La Chacra. A pesar de esta pública vulnerabilidad, en los tres años de gestión de Nayib Bukele no se han revisado ni reformulado los mapas de riesgo, ni se ha trabajado en un plan nacional o departamental de reducción de riesgos, como la ley lo establece. Sin ellos no es posible tomar las acciones de prevención y mitigación requeridas para proteger eficazmente a la población que vive en zonas vulnerables. A falta de prevención, la acción reactiva se improvisa y es desproporcionada. En el caso de Bonnie, se declaró una emergencia nacional y se suspendió en el país toda actividad de los centros educativos (incluso las administrativas) a pesar de que la tormenta no había afectado a la mayoría del territorio nacional ni se avizoraban nuevos eventos climáticos peligrosos. La suspensión debió aplicarse solo en las zonas que habían sido afectadas por las lluvias torrenciales del sábado 2 de julio y en las que era riesgoso que la niñez y la juventud se desplazará a sus lugares de estudio. Tan desproporcionada fue la medida que incluyó la suspensión de las actividades educativas virtuales. La suspensión por tres días, cuya prolongación se anunciaba cada día en la noche, no solo privó a todos los niños y jóvenes salvadoreños de su educación (ya muy afectada por la pandemia), sino que creó incertidumbre y ansiedad. Además, perjudicó el desempeño organizativo de las instituciones educativas. Así es difícil que la educación mejore y adquiera los niveles de calidad que el desarrollo del país requiere. El ministro de educación, consciente de lo injustificado y absurdo de la medida, se apoyó en el poder del miedo: amenazó con sanciones y desplegó a funcionarios que verificaron in situ el cumplimiento de la suspensión, ignorando la libertad de la que gozan por ley las instituciones educativas privadas. Atemorizar es ya una práctica de rigor del Gobierno de Bukele. Se utilizó para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria; se utiliza para acallar las voces críticas y para que la población no reclame sus derechos. Los cambios en el código penal y los abusos que el estado de excepción permite son útiles para controlar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Un Gobierno de esta naturaleza, tan amigo de la improvisación y el miedo, no tiene la capacidad para resolver los problemas nacionales. Sin interés en llegar a soluciones atinadas, planificadas y consensuadas, atemoriza a la población para que acate sin rechistar sus órdenes, por absurdas que sean.