Estado de violencia

Luego de un descenso sostenido del número de homicidios en los últimos años, El Salvador sufre desde hace unos días una epidemia de asesinatos. Lo sucedido entre el viernes y el sábado recién pasados es muestra clara de que el control territorial continúa en manos de la delincuencia organizada. Al reflexionar sobre la deficiencias estatales en materia de seguridad pública, lo primero que se observa es que la PNC mantiene un planteamiento de control de la delincuencia más basado en la represión que en la investigación, la inteligencia y la anticipación a la acción delictiva. De hecho, según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, el abuso de la fuerza por parte de la Policía aumentó en 2021 con respecto al año anterior. Por mucho que los enfrentamientos armados inicien por la acción de los delincuentes, que haya más muertos que heridos en el bando de estos apunta claramente a un abuso de la fuerza letal. Esto lleva a que este tipo de abusos se conviertan en la práctica en ejecuciones extrajudiciales. Además, las fosas clandestinas y el involucramiento en ellas de personas cercanas a la Policía e incluso de miembros de la corporación confirman la existencia de una grave problemática. Responder a una ola de asesinatos con un estado de excepción muestra, en definitiva, que la tendencia al abuso de la fuerza se ha naturalizado en la mayoría de las esferas gubernamentales. Por otra parte, la ola de asesinatos evidencia lo que viene diciendo el Observatorio Universitario de Derechos Humanos desde hace tiempo: la cultura de la violencia, lejos de reducirse, se consolida día a día. Frente a esta situación es necesario buscar caminos de solución que no repitan la respuesta violenta, sino que se enfoquen tanto en enfrentar las causas estructurales y culturales de la violencia como en mejorar sustancialmente la investigación policial y depurar de malos agentes a la PNC. En esta línea, es imprescindible retirar a los jefes policiales incapaces de aplicar las formas de investigación adecuadas para la situación del país. Es significativo que las primeras promociones de la PNC continúen al mando; es decir, desde hace más de 20 años. Las mismas personas, intercambiándose unas con otras, han dirigido la política criminal y la investigación del crimen. Seleccionar nuevos mandos pertenecientes a las generaciones más jóvenes de la Policía, emprender una reforma que fortalezca el área de investigación, mejorar los mecanismos de control interno para evitar la corrupción y la violencia arbitraria de algunos agentes, y profundizar la coordinación con la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto serán medidas mucho más eficaces en el mediano plazo que decretar estado de excepción, imponer castigos en los penales o cualquier otra medidas coercitiva que se pueda implementar. Hay suficientes datos para pensar que las negociaciones con los delincuentes han sido las que consiguen la reducción de homicidios. Pero negociar con el delito solamente refuerza el poder del mismo. Cambiar esa política es del todo necesario.