Esto no pasaría en un país seguro

El jueves 30 de abril, un estudiante de bachillerato de un instituto de una zona semiurbana del departamento de Ahuachapán se presentó puntualmente por la mañana a su centro de estudios. Como ya es costumbre, en la entrada se encontraba una maestra revisando a los estudiantes el corte de pelo, que llevaran el cincho, las uñas limpias y el uniforme completo. Cuando tocó el turno a este estudiante, la maestra le llamó la atención porque no llevaba los zapatos que le habían dado como parte del paquete escolar. Según testimonio del muchacho, él le explicó a la maestra que no llevaba dichos zapatos porque eran muy calientes, porque son “como ahulados” y no los aguantaba por el calor. Además, le hizo ver que los que llevaba eran de color negro, de lustrar, como exige el uniforme. Sin embargo, la maestra le replicó que no podía entrar porque no llevaba el uniforme completo. El estudiante, según cuenta, comenzó a replicarle a la maestra y se enfrascaron en una discusión. A continuación, la maestra llamó a un policía que estaba en el lugar —como también se ha vuelto costumbre— y le dijo que el estudiante era un desobediente, que no andaba vestido como se debe y, además, que era un muchacho malcriado. El policía se llevó al estudiante y lo subió a una patrulla, donde lo tuvieron algún tiempo. Posteriormente, lo trasladaron a las bartolinas de la delegación policial, donde lo encerraron con otros detenidos por diversas razones. Al darse cuenta del hecho, los familiares fueron apresurados a la estación y comprobaron que estaba detenido. Desde ese jueves se encargaron de llevarle comida en cada tiempo, como les indicó la policía. Preguntaron varias veces a los agentes cuál era el motivo de tenerlo detenido y la respuesta fue escueta: “Por usar palabras inadecuadas”. Desesperado por la situación de su hijo y temeroso de la suerte que pudiera correr en estos tiempos de incertidumbre, el padre del estudiante buscó el apoyo de un abogado para que le ayudara. El abogado se mostró dispuesto a hacerlo a cambio de una suma de dinero inalcanzable para la familia, de escasos recursos económicos. Además, le dijo que, para comenzar a trabajar en el caso, necesitaba un adelanto del dinero. El padre, desesperado, comenzó a buscar dinero entre amigos y conocidos, pobres como él, pero dispuestos a colaborar de acuerdo con su capacidad. Así logró reunir, de poquito en poquito, los honorarios profesionales que el abogado le había solicitado. Con el adelanto solicitado, el abogado puso manos a la obra. Finalmente, gracias a la gestión del profesional del derecho, el estudiante fue liberado el lunes 4 de mayo por la tarde. La familia recobró la paz, aunque con una deuda que saldar con los amigos que les apoyaron en esos momentos difíciles. Este hecho real es un ejemplo de las arbitrariedades que se pueden cometer en estos tiempos. Seguramente, algunas personas lo aprobarán, siempre y cuando no se trate de algún familiar cercano suyo. Con la ley en la mano y en el plano ideal, lo ocurrido con el estudiante es un abuso de autoridad y una detención ilegal. Ningún reglamento escolar está por encima de la Constitución. No usar los zapatos del paquete escolar no es un delito ni una falta penal. La policía no tiene facultad para detener a una persona por una discusión sobre el uniforme ni por palabras inadecuadas. En el país, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), ahora “Ley Crecer Juntos”, protege a los menores de detenciones arbitrarias. Además, la privación de libertad que sufrió el estudiante sí es un delito contemplado en la legislación nacional. Quizá lo más injusto de todo, además del recurso a la policía por parte de la maestra, es el abuso, por parte del abogado, de la desesperación, el sufrimiento y el desconocimiento de la familia del estudiante, que ahora quedó endeudada. Sin delito, el joven tenía que ser liberado al cumplirse el plazo administrativo o al intervenir una instancia como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, todos estos argumentos serían válidos en un país en el que funcionara la institucionalidad y se respetara la ley. En un país así, la familia del estudiante no tendría que haberse endeudado. El caso del estudiante es un buen ejemplo de los abusos y las injusticias que se cometen amparados en un Régimen de Excepción y en el cuento de que, militarizando la educación, el país avanzará.