Frente a la pobreza: protección social y trabajo decente

Editorial UCA En el país, la pobreza aumentó en 2023 en relación a 2022; los datos oficiales hablan de un 30% de la población en pobreza. Si la medición se realizara tras una revisión del costo de la canasta básica, el porcentaje sería mayor. Entre los Objetivos del Milenio de la ONU, asumidos por El Salvador, está eliminar la pobreza a más tardar en 2030. El compromiso inició en 2015, cuando el 32 % de la población salvadoreña vivía en pobreza. A pesar de que la cifra se logró reducir al 28%, la pandemia provocó un serio aumento de la misma, y aún no ha sido posible llevarla al nivel previo. Si no se toman medidas atinadas en el campo económico, el país no logrará cumplir con la meta de vencer la pobreza. Con una economía endeudada y una escasa inversión, lo más probable es que en 2030 la proporción de personas en pobreza sea mayor al 25% de la población. El problema se agrava por el hecho de que casi el 50% de la población no pobre está en situación de vulnerabilidad económica. Un accidente de carro, la pérdida del empleo, una enfermedad grave pueden devolver a la pobreza a quienes ya habían salido de ella. Hay una serie de medidas que es necesario aplicar antes de decir que se está en camino de vencer la pobreza. La primera, fortalecer y universalizar las redes de protección social básicas de salud, educación y pensiones. Y la segunda, mejorar sustancialmente el trabajo, tanto en la calidad del mismo como en la formalización y en el logro de un salario decente. La protección social no contributiva para niños y ancianos, dos de los sectores más vulnerables frente a la pobreza, es una necesidad urgente que debe satisfacerse cuanto antes. Asimismo, la lucha contra el hambre, una exigencia ética que no debe tener atraso ni pausa. Que un 10% de la población pase hambre, es decir, más de 500 mil personas, es una atentado contra todo sentimiento de humanidad. Para avanzar en estas tareas es necesario establecer pactos de tipo social y fiscal, los cuales requieren de diálogo, visión de futuro y audacia política, no de autoritarismo y propaganda. No habrá desarrollo inclusivo sin mejora y universalización de las redes de protección social. Educación de calidad para todos, un único sistema público de salud capaz de satisfacer las necesidades de la población y un sistema de pensiones universal son pasos necesarios. Pero también proteger el trabajo, mejorar la calidad técnica de los trabajadores, implementar un salario mínimo decente, invertir en las zonas más pobres del país y eliminar las desigualdades de género. Planificar el desarrollo es algo más que construir estadios, centros turísticos y carreteras vistosas. Se debe invertir en la gente, especialmente en los servicios a la población pobre y vulnerable, que en El Salvador es la inmensa mayoría. Y para ello es también preciso que, como decía Ignacio Ellacuría, la voz del pueblo se haga escuchar.