Informe sobre la paz negociada

El 24 de noviembre se ha cumplido un año de haber firmado en el teatro Colon de Bogotá el acuerdo final de la Habana entre el Gobierno Nacional y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Ha sido considerado un acto histórico el que el Gobierno de Santos haya logrado negociar y desarmar a la insurgencia más antigua del continente. Pero este proceso de paz ha contado con acérrimos enemigos, que obligo en una segunda versión a la firma en el colon, posterior a que la ratificación convocada a través de un plebiscito por el Gobierno Nacional fuera ganado por la derecha con un rotundo no, aunque con estrecho margen. Son varias las organizaciones que advierten sobre los incumplimientos de los acuerdos y las decepciones que esto está causando, pese a los cumplimientos de las FARC. En otra materia, de acuerdo con el último informe de Paz y Reconciliación, son 94 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el País en los últimos 11 meses. Por su parte, Según Walter Mendoza, excomandante del bloque Alfonso Cano de las FARC y quien durante 35 años hizo parte de esta insurgencia, la dispersión de los guerrilleros y milicianos se debe a los incumplimientos. En este momento más del 50% de los militantes de las FARC han tenido que abandonar las zonas veredales, por incumplimientos del Gobierno. Según el IV informe de la plataforma DHESCA de cómo está el País en derechos sociales, en su introducción esta hace mención al acuerdo con las FARC EP y las negociaciones con el ELN y así mismo expone aspectos importantes del modelo económico, los derechos y la paz. Entre otras señala el informe: “una de las mayores fuentes de incertidumbre es la tensión entre un contexto de búsqueda de solución política y construcción de paz, que exige avances en la garantía de los derechos humanos, y la profundización de un modelo de desarrollo que genera un entorno proclive a las violaciones de esos derechos. Un claro ejemplo de esa tendencia es la política minero-energética en general y la política minera en particular”. En el punto F sobre trabajo en el mundo rural del informe de la plataforma DHESCA se lee: “Cuatro décadas de abandono y cinco de gue­rra han dejado a 4.758.000 trabajadores rurales en circunstancias dramáticas. Mientras los ingresos mensuales promedio de los trabajadores y trabaja­doras del campo ascendían a $350 dólares, en el campo no llegaban a los $146 dólares. En cuanto a protección social, solo el 14.1% estaba afiliado a un seguro de salud, 12.4% a un fondo de pensiones, 9.9% estaba protegido por riesgos laborales y 8.9% a una caja de compensa­ción. En contraste, en las ciudades los porcenta­jes de afiliación fueron de 45.5%, 41.4%, y 33.7% respectivamente. Es decir, el 89.3% de los trabaja­dores rurales carece de protección social alguna. Mientras 30.3% de las personas en edad de pen­sionarse lo está en las ciudades, en el campo solo están pensionados el 7.5% de los adultos mayores. En materia de salud la plataforma DHESCA habla en uno de sus apartes: “Estos años producto de la implementación de la Ley 100 se ha llegado a: 1) un enorme debilita­miento de la institucionalidad pública en seguridad social y salud con pérdidas de los acumulados en el desarrollo de políticas y programas de salud públi­ca, promoción y prevención y de los procesos de inspección, vigilancia y control sanitario; 2) dete­rioro de la situación de salud de la población y de la condición laboral de los trabajadores del sector salud; 3) incremento de las barreras de acceso a los servicios de salud que cubrió prácticamente a toda la población evidenciado por el elevado uso de la acción de tutela en salud”. DHESCA también habla sobre la educación y dice. “Desde el año 2012 el Sistema Universitario Estatal iden­tificó un déficit de $11,15 billones, que ha venido aumentando desde entonces. Un ejemplo de lo anterior puede constatarse en la Universidad Pe­dagógica Nacional, que en los últimos cinco años aumentó en 128% el número de estudiantes matri­culados en pregrado y en 131% los de posgrado, para así suplir un déficit de presupuesto que debe ser financiado en 46% por el propio centro edu­cativo. Por lo anterior, en la actualidad apenas un 20% de los profesores son de planta. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia, que tiene una deuda acumulada de $68, 212.824 millones de dólares debido al presupuesto insufi­ciente que recibe. Tal déficit obliga a la universidad a autofinanciarse en un 50%. La gravedad de la situación se confirma con la circular 024 de 2016 expedida por el Gobierno nacional, que orienta a las instituciones de educación superior reducir sus costos en servicios públicos, docentes ocasionales, salidas de campo y publicaciones”. Tomando como fuente el periódico “la republica” este señala en su publicación del 16 de noviembre del presente año. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo. Así lo confirmó la organización para la superación de la pobreza Techo, que señala que, desde 2002, en el país han disminuido los índices de pobreza, pero ha aumentado la brecha de desigualdad, pues 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. Techo también reveló que, en Colombia, 13,5 millones viven en condición de pobreza, es decir, que no tienen acceso a servicios públicos básicos y no viven en condiciones dignas.