Injusticia medioambiental

Hace diez años, el 80% de la población salvadoreña vivía con 10 o menos dólares diarios. Y es muy posible que en la actualidad la situación sea igual o parecida. Este grupo de personas viven y trabajan en lugares marginales, tienen una dieta de peor calidad, enfrentan dificultades para acceder a agua potable, usan menos petróleo y consumen menos energía. Pese a que contaminan menos el medioambiente, suelen ser las más expuestas a los desastres de origen climático o sísimico. En este sentido, es evidente que en el país existe una aguda injusticia social y que esta se extiende también como injusticia medioambiental, la cual deteriora las relaciones sociales, avoca a la crisis alimentaria y aumenta los riesgos de desastre. La cultura del consumo y del desperdicio no hace más que agudizar esta situación. En Laudato si, el papa afirma que “todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero”. Lo dicho por Francisco le calza al país. Por ejemplo, no se dispone de un modo apropiado de tratar la basura y los sectores privilegiados, a la vez que producen desperdicios en la misma magnitud que mucha gente de los países ricos, son indiferentes a la necesidad de reciclar. Los riesgos medioambientales de un país tropical como el nuestro no son objeto de preocupación entre quienes pueden marcharse a vivir en el norte si las cosas se complican. Aunque no son mayoría, en El Salvador distintos grupos e instituciones trabajan por el medioambiente y se preocupan por la agroecología sostenible. Ante la crisis del encarecimiento de los alimentos, los esfuerzos no pueden limitarse a crear agromercados y subsidiar precios. El problema de tenencia y utilización de las tierras, y el olvido del productor campesino empujan al país en sentido contrario a la soberanía alimentaria. El cambio climático, que afectará con mayor rigor a los países tropicales, debería convertirse en un aliciente para establecer alianzas en función de generar suficientes alimentos para todos, fomentar la agricultura sostenible y dar a los campesinos una vida digna. El Gobierno debe dialogar con los defensores del medioambiente y priorizar la agricultura ecológica. No cabe la indiferencia ante los riesgos ya palpables de que El Salvador se convierta en un territorio inhabitable. Abandonar la pretensión de saberlo todo y escuchar a los que trabajan por la protección del medioambiente y la productividad en el campo es una tarea impostergable.