Integración social: deber nacional

Desde hace años, diversos sectores de la sociedad salvadoreña insisten en la necesidad de políticas públicas, programas y acciones que tengan por objetivo la superación de la pobreza y la exclusión, y el combate a la desigualdad; algo esencial para transformar efectivamente al país y lograr que un día todos sus ciudadanos puedan realizar sus proyectos de vida. Asimismo, ello contribuiría a la reconstrucción del tejido social y a la superación de la grave situación de inseguridad ciudadana que ha caracterizado a El Salvador por décadas. Lamentablemente, muy poco se ha hecho hasta la fecha en esta dirección. Cuando se conformó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se elaboró un ambicioso plan de trabajo en el que colaboraron diversos actores y al que se asignaron importantes recursos. Sin embargo, los fondos se destinaron principal y mayoritariamente a las acciones de represión y persecución del crimen, quedando relegadas las acciones de prevención de la violencia. Aunque la seguridad ciudadana haya mejorado notablemente en los últimos años, El Salvador sigue necesitando planes e inversión para combatir la pobreza y la exclusión de manera estructural. La falta de oportunidades y la exclusión de amplios sectores sociales es una de las causas más importantes del surgimiento y crecimiento de la delincuencia. Si bien hoy se ha privado de libertad a un gran número de personas en conflicto con la ley y ello brinda sensación de seguridad, la exclusión sigue afectando a más de una tercera parte de la población. Exclusión que inicia incluso antes del nacimiento, se consolida por las graves deficiencias del sistema educativo y se perfecciona por la falta de oportunidades de empleo digno. Si esta situación no se resuelve, la seguridad ciudadana no estará garantizada en el mediano y largo plazo. La más reciente iniciativa del Ejecutivo en esta materia, una ley que, a través de la creación de una nueva dirección, busca integrar a la sociedad a los grupos actualmente excluidos de la misma, adolece de al menos dos fallas. En primer lugar, no se articula con otros esfuerzos en la misma línea, tanto públicos como privados, y deja fuera a instituciones clave como los ministerios de Educación, Desarrollo Local y Trabajo. En este sentido, el sistema nacional de integración dará pie a la duplicidad de esfuerzos. En segundo lugar, los recursos que se asignan son claramente insuficientes para la magnitud del trabajo que se requiere hacer. En el mejor de los casos, la redacción de la ley es confusa a ese respecto: la nueva dirección dispondrá de unos 30 millones de dólares, la mitad de los recursos que recibía el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), con los que deberá echar adelante tanto el trabajo de integración como los programas de educación y capacitación que actualmente realiza el Insaforp. En un país como el nuestro, con un índice de pobreza superior al 35%, con una tasa de empleo decente que no llega al 30% de la población económicamente activa, con un gran número de personas privadas de libertad, la integración social es un reto gigantesco que requiere muchísimo más que 30 millones de dólares y una nueva fase de un plan de control territorial que nadie conoce. Debe ser una prioridad de carácter nacional, con todo lo que ello significa en capital humano, recursos financieros y mecanismos interinstitucionales. Solo así será posible que nuestra sociedad se acerque al nivel de bienestar con dignidad que todos merecemos.