Los costos de la exclusión

En su libro Los costos de la desigualdad en Latinoamérica, el profesor de Oxford Diego Sánchez-Ancochea describe el impacto económico, social y político de la desigualdad. El libro hace referencia a que el descontento de la población genera condiciones para el ascenso de líderes populistas que “son críticos de los políticos tradicionales y aman presentar la realidad en blanco y negro. Ellos son los únicos buenos, protegiendo al pueblo de la oligarquía y defendiendo a las naciones de amenazas externas”. Sin lugar a duda, la descripción resulta familiar. El presidente Bukele ha catalogado de oposición a todo el que no comparta el 100% de sus propuestas, se ha presentado como la alternativa de “los mismos de siempre” y ataca constantemente a organismos internacionales que cuestionan con justa razón sus continuos arrebates autoritarios. A pesar de sus numerosos ataques a la democracia, Bukele ha logrado mantener su popularidad. En ese sentido, vale la pena recordar la advertencia de Martín-Baró: “La ausencia de un conocimiento profundo, amplio y científico sobre la realidad de El Salvador nos lleva a menudo a confundir los problemas del pueblo salvadoreño con los problemas que a nosotros nos pueden preocupar, interesar o aparecer como más importantes”. Ciertamente, es difícil apreciar el respeto a la Constitución, la transparencia o el debido proceso cuando esto ha subsistido con un modelo económico excluyente, con la necesidad constante de emigrar para solventar las necesidades más básicas y con profundas desigualdades. Precisamente, Bukele se montó sobre el descontento generado por estas faltas para impulsar su victoria presidencial en 2019. Esta popularidad combinada con un manejo propagandístico de la pandemia le sirvió a su partido para obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Sánchez-Ancochea nos advierte que este tipo de líderes tienden a empeorar las condiciones de vida de las personas a través de la profundización de la desigualdad generada por la inestabilidad política y económica que estos gobiernos promueven. Nuevamente, lo anterior parece una adecuada descripción del presidente y su círculo. Afanados con el poder y con su popularidad, han sido incapaces de realizar transformaciones profundas, a pesar de contar con el control total de los distintos órganos del Estado. En seguridad pública, por ejemplo, su tan publicitado —pero poco transparente— Plan Control Territorial resultó ser un fracaso. De haber funcionado, no es posible explicarse el repunte exorbitante de homicidios y la necesidad de un régimen de excepción en el que las personas, principalmente la de zonas más empobrecidas, son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La represión como única solución al problema de la seguridad pública no es nada novedoso, tampoco el acuerdo con pandillas a espaldas de la población. Desesperado por mantener su popularidad, el presidente ha hecho alarde de la violación a derechos humanos y ha insultado sin titubear a quien lo cuestiona. En relación con las condiciones económicas, el Gobierno de Bukele no ha realizado una tan sola medida que permita pensar que nos dirigimos a un modelo económico diferente, que no dependa de la expulsión constante de compatriotas. Por el contrario, según datos del Banco Central de Reserva, las remesas pasaron de representar el 21% del PIB previo a la pandemia en 2019 a 26.2% del PIB en el año 2021. Lo anterior muestra una mayor necesidad de este flujo de ingreso y una mayor dependencia del exterior. La más publicitada propuesta económica ha sido la incorporación del bitcóin como moneda de curso legal. Esta medida ha sido tan inútil como poco transparente. Hasta la fecha, no se sabe el monto exacto al que se adquirió el criptoactivo, ni siquiera si realmente se compró. Lo que inicialmente pareció un intento de desdolarización, liderado por quienes no comparten más que la peculiaridad de ser hermanos del presidente, ahora se ha convertido en un intento desesperado por lograr colocar deuda pública en un mercado que desconfía de la capacidad de pago de un Gobierno que no respeta ni sus propias leyes. Por su parte, los problemas políticos se han incrementado. Los diputados del oficialismo no se molestan en cuestionar ninguna de las medidas que vienen de la presidencia, los casos de presunta corrupción sin posibilidad de ser investigados abundan, la transparencia le estorba al mandatario, el país se encuentra aislado internacionalmente y el militarismo es prioridad gubernamental. En suma, la exclusión y el descontento que la acompaña permitieron a Bukele llegar a la presidencia y le han bastado para mantener su popularidad. Lejos de encontrar soluciones a los problemas estructurales, el país se encuentra en una crisis social disfrazada de un combate efectivo a las pandillas, la crisis económica se avecina y los problemas políticos se agravan. El futuro cercano es poco alentador. La esperanza radica en que como población nos cuestionemos seriamente los resultados obtenidos con el Gobierno actual y que comprendamos que la acumulación desmedida de poder y la solución de los problemas estructurales son dos objetivos excluyentes. * Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.