Más incentivos fiscales a grandes capitales

El jueves 7 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador. Los argumentos esgrimidos para justificar la medida son incrementar la productividad, generar empleos de calidad y promover exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, estas razones contrastan con la falta de evidencia de éxito de la estrategia de exenciones fiscales vigente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su estudio “Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”, publicado en 2023, apunta más bien en dirección contraria al optimismo oficial. En sus conclusiones, este informe plantea que “las estrategias de promoción de inversiones basadas en el otorgamiento de privilegios fiscales no han producido el efecto económico revolvente deseado en los países de Centroamérica (…) por lo que prácticamente estos mecanismos se convirtieron en estrategias de traslado de recursos públicos a ciertos grupos empresariales privados”. El uso de la política fiscal para fines de enriquecimiento privado en Centroamérica también fue develado por el Icefi en el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. En el texto señala que las medidas fiscales para favorecer a los grandes capitales pueden ser constructivas, es decir, medidas que construyen marcos tributarios a la medida de los intereses del gran capital; y también medidas destructivas, cuyo objetivo es reformar o derogar la legislación tributaria que entorpece el enriquecimiento de grupos económicos. Ambas medidas responden, finalmente, a los objetivos de posibilitar, facilitar o ampliar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos. Desde esta óptica, el régimen especial aprobado hace unos días puede clasificarse como una medida constructiva a favor del gran capital. Otro aspecto que se evidencia en el régimen especial recién aprobado es la normalización de una estructura tributaria regresiva, que carga más a quienes tienen menos. En este caso en particular, no estará libre de impuestos la población asalariada que cubrirá los puestos que se generarán a partir de los incentivos. Así lo expresó el diputado oficialista Mauricio Ortiz: “El país también podría beneficiarse en otras áreas como la generación de empleo masivo y recaudación de impuestos por salarios.” Finalmente, aparte de las renuncias tributarias del Estado salvadoreño, no debe perderse de vista los costos sociales y económicos de esas inversiones, la erosión de los recursos naturales requeridos por esas actividades económicas; recursos que difícilmente serán reconstituidos o compensados: el agua, la tierra, la biodiversidad. Si se comparan los costos que la sociedad salvadoreña asume para atraer y mantener grandes inversiones bajo regímenes tributarios de privilegio con los beneficios que de ellos se espera, es aún más evidente que, en este asunto, la mayoría de la población sale perdiendo.