No más régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a El Salvador que no renueve el régimen de excepción debido a que ha amparado una sistemática violación de derechos humanos. El régimen, que limitó algunas libertades ciudadanas para combatir la criminalidad, se convirtió muy pronto en un sistema abusivo de otros derechos y de convenciones internacionales. El propio Gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 6 mil personas detenidas por error. Una medida excepcional que, según la Constitución, no debe durar más de un mes, aunque pueda renovarse, lleva ya 30 meses de vigencia ininterrumpida. Los abusos y violaciones de derechos humanos son múltiples y diversos. Se ha detenido a personas simplemente por ser jóvenes y vivir en barrios pobres. “Estaban en el lugar equivocado”, han llegado a dar como explicación algunos funcionarios, como si vivir en un barrio marginal fuera una equivocación o un delito, achacable a quien no tiene recursos para residir en otra parte. Las acusaciones anónimas se convirtieron en causas válidas de prisión. Los detenidos por el régimen llevan largo tiempo encarcelados sin que se cumpla para ellos el mandato constitucional de una pronta y debida justicia. Esas mismas personas, además de estar en severas condiciones de hacinamiento, no pueden recibir la visita de sus abogados ni de sus familiares. Muchas veces las familias ni siquiera saben en qué cárcel están sus parientes. Confían en que están vivos porque las oficinas penitenciarias les reciben alimentos y productos de aseo para ellos, algo que sus parientes necesitan porque el Estado no lo cubre adecuadamente. En algunas cárceles incluso se han restringido los servicios religiosos. Y se habla de un futuro en el que jueces sin rostro juzgarán en grupos de hasta 900 personas a los acusados de agrupaciones ilícitas. Suspender el régimen de excepción no solamente es una tarea de justicia, sino también un asunto de humanidad. La criminalidad, en especial los homicidios, se ha reducido drásticamente. Y esa suele ser la razón de muchos para que continúe el régimen de excepción. Sin embargo, esa baja de la criminalidad, además de las injusticias cometidas, debería ser precisamente una de las razones para suprimirlo. Si hay una reducción drástica del crimen y están desarticuladas las pandillas, la Policía puede y debe mantener la situación de tranquilidad social sin salirse del marco legal. Ya no es necesaria una ayuda excepcional que produce tantas injusticias y abusos. Mantener el régimen es desnaturalizar a la Policía para convertirla en un organismo arbitrario y prepotente; una Policía abusiva y cómoda que ya no necesita investigar el delito porque puede detener arbitrariamente a las personas; una Policía a la que nada le impide cometer abusos. Con el régimen de excepción, se está llevando a la PNC, que nació para corregir la brutalidad de los antiguos cuerpos de seguridad, a la negación de sus principios fundacionales. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo es legítima y apegada a derecho, sino necesaria para frenar una dinámica autoritaria que puede conducir al país a una nueva situación de degradación social. No renovar el régimen de excepción resulta indispensable para promover, aunque sea mínimamente, la cultura de paz que El Salvador necesita.