Nuevo atropello a la legalidad

Es evidente que el servicio de transporte público salvadoreño adolece de grandes deficiencias desde hace décadas. En diversas ocasiones y a través de distintos espacios, esta casa de estudios ha insistido en la necesidad de transformarlo para que la población usuaria se movilice en condiciones dignas y seguras. Sin embargo, la urgencia de esa necesidad no avala que se viole el debido proceso, que una orden personal tenga más peso que la ley, que se viole el Estado de derecho con la complicidad de quienes deberían defenderlo. Aplicar la fuerza para dar la impresión de que se está actuando por el interés de la población ante una crisis económica a la que se ha reaccionado tarde, no es más que oportunismo. Si lo que se le imputa a Catalino Miranda es aumentar el precio del pasaje, por ley corresponde una sanción administrativa, no una penal. Un principio legal fundamental es que “solo son punibles penalmente las conductas que estén expresamente reguladas en el Código Penal”. Por lo tanto, si lo que se le imputa no está contemplado en el Código, aplicar castigo penal es una ilegalidad, un abuso. Además, incluso en el caso de que se despoje de la concesión de un servicio público a una personal natural, eso no da derecho a confiscarle el equipo que usa para brindar ese servicio. Esto es lo que han cuestionado varias voces en este caso; voces que defienden el imperio de la ley, no a una persona o a un grupo determinado. Esta nueva violación al principio de legalidad refleja, entre otras cosas, la ausencia de planificación que caracteriza al Gobierno de Bukele. La improvisación de los gobernantes siempre termina impactando a la ciudadanía; en este caso, a los usuarios del transporte, a los trabajadores de los buses y a otros socios de la cooperativa. Antes se ha improvisado con las ayudas económicas, con la compra de medicinas inadecuadas, con la construcción de un hospital que terminó reducido a centro de vacunación, con una criptomoneda que la mayoría de la gente rechaza. Se sigue improvisando con el anuncio de megaproyectos inviables por motivos técnicos o económicos. Tarde o temprano, esa falta de planificación se vuelve en contra de las autoridades. En este caso sucedió con gran rapidez: la falta de experiencia y de conocimiento de los motoristas contratados para manejar los buses y microbuses usurpados ha producido un caos que deja al desnudo la incompetencia gubernamental. Pese al historial de excesos del régimen, sorprende el grado de matonería de la que ha hecho alarde y el sometimiento de los funcionarios de poderes otrora independientes. Por su lado, el gremio de transportistas, hasta hace unos años muy beligerante, se ha limitado a publicar un comunicado bochornoso. El Estado de derecho en el país se sigue hundiendo con la complicidad de los operadores de justicia, con el sometimiento de los gremios a la voluntad personal de Bukele y con el silencio obsequioso de mucha gente que prefiere solo atender lo propio.