Nuevo informe sobre desapariciones en México reduce cifras sin dar respuestas: entrevista con Aranzazú Ayala

Después de un año de expectativas sobre el anuncio gubernamental de un registro actualizado y el avance en carpetas de investigación de las personas desaparecidas en México, este 27 de marzo el gobierno federal presentó el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en donde se presenta la cifra 132,534 casos clasificados en 3 categorías: “Datos insuficientes”, para casos en los que supuestamente no hay información básica para iniciar la búsqueda; “Con actividades y registros después de la fecha de desaparición”, cuando el nombre de la persona aparece en bases de datos gubernamentales como el SAT o el INE; y “Sin actividad a la fecha”, que correspondería a las personas consideradas “realmente desaparecidas”: apenas el 33% del total reportado. En entrevista con La Boca Nostra, Aranzazú Ayala de la organización A dónde van lxs desaparecidxs, criticó la nueva la metodología, pues la reclasificación no atiende la crisis, sino que la oculta, al disminuir la cifra oficial en apariencia sin presentar mayores esfuerzos para fortalecer los mecanismos de búsqueda ni la rendición de cuentas. El nuevo registro presenta inconsistencias graves, como la clasificación de casos ampliamente documentados en la categoría de "Datos insuficientes", como por ejemplo los hijos de María Herrera, reconocida madre buscadora. La categoría de "Con actividad" también es un registro poco fiable porque no considera la cantidad de personas con el mismo nombre en el país. Y lo que es aún más preocupante: el informe indica que sólo 5,269 casos de los 40,308 en esa categoría han sido efectivamente localizadas, y no da más detalles sobre la situación de los otros 35,309 con supuestas actividades después de la fecha de desaparición. La nueva metodología sigue la lógica del “censo” realizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también realizado de manera deficiente y resultó revictimizante para las familias. Finalmente, Aranzazú denuncia que se están destinando recursos a reducir las cifras en lugar de dotar a las fiscalías de presupuesto operativo, además de la casi siempre ausente voluntad real para la búsqueda de personas desaparecidas.