OPINION 01-07-21 EL COMPROMISO DE DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO

En el marco del Día del Profesional del Derecho, que se celebra el 30 de junio en El Salvador, condenamos la violación sistemática al Estado de derecho, acentuada con las actuaciones del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, bajo órdenes del presidente de la República. Este día conmemorativo nos hace un llamado a recordar lo aprendido en las aulas; recordar que el principio de legalidad, la defensa de la Constitución, el límite al poder y la protección de los derechos humanos fueron pilares fundamentales de nuestra educación. Estamos viviendo una hora oscura, en la que como estudiantes y profesionales del derecho no podemos quedarnos impávidos y en silencio. El considerando III del decreto 108 que estableció el 30 de junio como Día del Profesional del Derecho nos recuerda que estamos llamados a velar “por la justicia y la legalidad en las actividades públicas y privadas, contribuyendo así a la paz y el progreso del país”. El cuarto y el octavo de los Mandamientos del Abogado, escrito por Eduardo Couture, uno de los procesalistas más influyentes, nos recuerdan el deber de luchar por la justicia, así como la fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, y la fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. A pesar de los tiempos que corren, es fundamental seguir creyendo en el derecho como uno de los mejores instrumentos para la convivencia humana. Como parte de la ciudadanía, no solo como abogadas y abogados, tenemos el deber de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República (artículo 73 ordinal 2). Además, nuestra profesión nos demanda a alzar la voz cuando los mismos magistrados y jueces del órgano judicial no solo ignoran, sino que vulneraran los preceptos constitucionales al ejercer sus funciones sin ser independientes, sin ser imparciales y sin someterse a la Constitución y a las leyes, tal como lo prevé el artículo 172. Después de lo ocurrido el 1 de mayo, poco o nada quedará de la función a la que está llamada la Sala de lo Constitucional: ¿cómo será posible afirmar que es un tribunal autónomo, exento de la intervención arbitraria de otros órganos del Estado?, ¿cómo será posible que sus funciones no se vean desnaturalizadas? Y es que los abogados que han participado en los referidos acontecimientos parece que no comprenden —o no quieren comprender— la gravedad de su actuación al levantar la mano y aceptar su supuesto nombramiento como magistrados, sabiendo que no se han respetado las garantías del debido proceso ni los procedimientos establecidos en la Constitución. A partir de la nueva elección de funcionarios, los jueces, abogados/as y notarios/as quedan a merced de la voluntad del Ejecutivo, pues hay que recordar que la Sección de Investigación Profesional, el Departamento de Investigación Judicial y la Sección de Notariado son parte de una Corte Suprema de Justicia de la cual resultaría muy difícil predicar su independencia. Será entonces importante que los profesionales en derecho, hoy más que nunca, seamos los más arduos defensores de nuestra norma fundamental y exijamos que no se cometan actos arbitrarios no solo al interior del órgano judicial, sino también en el resto de órganos y entes estatales, y se respete el ordenamiento jurídico. No debemos adoptar una actitud pasiva o hacer la mirada a un lado; los derechos fundamentales ahora pisoteados son de todas y todos. Este día en particular adquiere una connotación más trascendental. Estamos a casi dos meses desde que la Asamblea Legislativa decidió actuar de forma inconstitucional y arbitraria. También estamos a un mes desde que Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, partió de este mundo. Ese es un llamado para que quienes seguimos acá redoblemos nuestro esfuerzo y compromiso por la defensa del Estado de derecho. Como dijo, san Romero, “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira”.