OPINION 07-09-21 EL PODER Y LAS PANDILLAS

El presidente y sus voceros niegan la autenticidad de las nuevas revelaciones de El Faro sobre la negociación con las pandillas. Sin embargo, el rápido secuestro de los registros de las prisiones después de la primera entrega deja sin fundamento sus descalificaciones. El presidente de la legislatura, uno de los voceros más autorizados del régimen, lo confirma al reconocer, en un descuido, que la información procede “de una investigación […] seria” de la Fiscalía. Y, por si fuera poco, El Faro incluye fotografías, para disgusto de Bukele, que desestimó la primera denuncia como “cortinas de humo […] porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales”. La nueva versión reproduce fotografías que muestran al carcelero mayor deambulando por las prisiones al frente de grupos encapuchados. Más allá de los desmentidos y del escándalo, las demandas de las pandillas para contener los homicidios son material valioso para reflexionar sobre cómo poner fin a este fenómeno social. Una serie de exigencias piden al régimen respetar los derechos del prisionero: atender a los enfermos graves y a los discapacitados; prestar asistencia médica; proporcionar alimentación adecuada; ventilar las celdas; establecer una comisión permanente para evitar el abuso de la fuerza y la tortura por parte de policías, soldados y custodios; facilitar educación técnica y superior; crear iglesias y facilitar la presencia de empresas que empleen internos; restablecer la visita familiar e íntima, y el desplazamiento en el interior de la prisión. Asimismo, solicitan mejorar las facilidades para la detención provisional, “un centro de tortura”, las celdas de máxima seguridad y de castigo, y los llamados sectores especiales, y limitar la permanencia en dichas dependencias. Así, pues, no piden privilegios, sino derechos negados por un régimen represivo. Otra serie de demandas tiene como finalidad las familias y los pandilleros en libertad. Solicitan cooperativas y micro y pequeña empresas, becas para la educación superior de sus hijos, cese del hostigamiento policial y militar a sus familias y a los pandilleros libres, y programas de reinserción para quienes salen de la cárcel. Aunque más escuetas, estas peticiones apuntan a algunas de las motivaciones más fuertes para ingresar en la pandilla: el desempleo, la inaccesibilidad a la educación superior y la represión; en pocas palabras, la falta de alternativas. La observancia de los derechos del detenido no debiera ser objeto de transacción, porque es una obligación gubernamental. En segundo lugar, las demandas ponen en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El descenso de los homicidios se debe más a concesiones de Bukele, como la no extradición a Estados Unidos y la contención de la persecución contra los pandilleros, que a la represión. Fuentes policiales confirman la orden de contener la represión y los testimonios de diversas comunidades ratifican la presencia operativa de las pandillas en sus vecindarios. Estos hechos convierten el abultado financiamiento del Plan de Control Territorial en un despilfarro. En tercer lugar, las pandillas, a juzgar por sus demandas, no aprecian los publicitados “cubos” gubernamentales como medios para prevenir la violencia social. Estos no solo no son mencionados, sino que los pandilleros hacen otras demandas que consideran más eficaces para combatir la exclusión y la desigualdad —algo que Bukele no puede entregar, porque carece de ideas, de fondos y, sobre todo, de capacidad de ejecución—. De todas formas, los llamados “cubos” sirven bien a los propósitos del mandatario, ya que son relativamente baratos y crean la impresión de que la prevención es asunto serio. En la agenda presidencial no figuran las cooperativas, las empresas, el empleo, los programas de inserción y las becas. Los Bukele y su círculo prefieren utilizar el poco dinero de que disponen en ampliar el Ejército, adquirir tecnología para vigilar, introducir una criptomoneda y divulgar el genio presidencial. Por tanto, las pandillas no desaparecerán. De hecho, evolucionan con determinación y creatividad sorprendentes. Mal que bien, ofrecen un medio de vida y un sentido para una vida sin sentido. En ellas, la juventud encuentra identidad, sentido de pertenencia, acceso a bienes ahora vedados y la prepotencia asociada a la posesión de un arma de fuego. Algo muy grave sucede en una sociedad donde las pandillas utilizan la tasa de homicidios para negociar derechos y sobrevivencia, y donde el negociador gubernamental acepta el juego, en lugar de emplearse en atacar la raíz de la violencia social. A juzgar por los hechos, la existencia de pandillas sirve bien a la ambición de poder de Bukele. Por un lado, alimenta la demanda de represión violenta. Por otro, la negociación crea la falsa impresión de que controla el territorio, mientras preserva intacta la injusta estructura social que levanta barreras y cierra futuros. En definitiva, Bukele tiene poder, pero no sabe, no puede o no quiere gobernar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.