Para salvar vidas

El desastre sísmico en Turquía pone de nuevo sobre la mesa los temas solidaridad y vulnerabilidad. El Gobierno de El Salvador ha sido solidario con el pueblo turco, y eso es positivo. De cara al futuro, sería ideal tener un equipo permanente de ayuda, de manera que estuviera siempre listo a prestar una mano el mismo día del desastre en otro país. Mejor aún fuera que la solidaridad no estuviera en manos militares, pues esa no es especialidad del Ejército. Las fotografías de la expedición a Turquía muestran un exceso de uniformes castrenses. Si la principal institución estatal de prevención y respuesta al desastre es la Dirección General de Protección Civil, no es buena idea invadir sus funciones. Con respecto a la vulnerabilidad de El Salvador, se ha ido avanzando en algunos aspectos desde hace años. La respuesta gubernamental al terremoto de 1986 fue un desastre. Incluso algunos hospitales insignia estaban tan mal construidos que tuvieron que poner a los enfermos en carpas al aire libre. La Iglesia católica, unida a otras Iglesias históricas, desarrolló una labor solidaria muy superior a la del propio Gobierno. Desde entonces hasta el presente, el Estado ha creado sus propias instituciones para enfrentar el desastre. Pero dada la vulnerabilidad del territorio nacional, quedan todavía muchas cosas por hacer. Supervisar adecuadamente la construcción de viviendas es clave para salvar vidas, así como también contar con un programa de apoyo a la construcción popular. Además, si bien a nivel urbano hay exigencias técnicas, en el ámbito rural la situación es muy deficiente. La Universidad de El Salvador y la UCA tienen laboratorios de avanzada que facilitan la formulación de normativas de construcción sismorresistente, pero eso de poco sirve si el Gobierno no tiene la capacidad de financiar la construcción de viviendas dignas en lugares seguros, especialmente en zonas rurales. Sin eso, las personas de recursos escasos continuarán construyendo con materiales y diseños inadecuados, en lugares vulnerables tanto frente a terremotos como a inundaciones y deslaves. Aunque desde las políticas públicas se puede hacer mayor énfasis en ciertos aspectos de la protección y promoción de la vida, la responsabilidad de protegerla en general es siempre una obligación absoluta del Estado. El Salvador es un país vulnerable y en riesgo permanente. Esa realidad exige planificar el futuro, fortalecer instituciones, tener políticas claras en el campo de la vivienda, la salud y la seguridad alimentaria. Sin ello, cualquier proyecto de convertirnos en un paraíso para el turismo y la inversión está abocado al fracaso. Repensar el país, dialogar con la sociedad civil, lograr consensos de desarrollo son tareas pendientes. Aunque aún se está a tiempo de hacerlo, el plazo es corto. De lo contrario, en un futuro no muy lejano, los problemas se agudizarán. Si no se planifica seria y dialogadamente el futuro, los efectos de la vulnerabilidad superarán siempre la solidaridad que se reciba.