Porque todo deben...

Mientras el mundo vive una era en la que las personas hacen público lo que antes era parte de la esfera privada, El Salvador y su Gobierno se rigen por el principio de la máxima reserva de la información que, por ley, es pública. Según la Real Academia de la Lengua Española, “transparente” significa “algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Por el contrario, lo opaco es algo oscuro, poco claro. La transparencia es contraria a la corrupción, que depende de la opacidad para medrar. De hecho, la transparencia que conlleva la rendición de cuentas nace como un mecanismo de control de la corrupción; por eso, en la actualidad, la transparencia es considerada como el principal antídoto contra la corrupción y un requisito para cultivar la confianza ciudadana. Por tanto, es un derecho que le permite a la ciudadanía conocer sobre los procesos, los presupuestos, los contratos y todas las acciones relacionadas con el uso de los recursos públicos. Es de rigor en materia democrática que el proceso de toma de decisiones esté expuesto al examen de los mecanismos de control y de la ciudadanía, de modo que la gente conozca qué medidas se toman y quiénes son sus responsables. Lo que ha pasado en el país es que la frontera entre lo público y lo privado ha desaparecido. En la actualidad, Nayib Bukele y los suyos gobiernan desde una lógica patrimonialista; es decir, entendiendo al Estado como una de sus propiedades. Antes se decía que el país y sus recursos eran usados como una finca, ahora más bien se dispone de ellos como la empresa privada de la familia gobernante. Y el respaldo social al Gobierno se interpreta como licencia para no rendir cuentas de nada ni a nadie. Procesar presidentes por corrupción fue posible por las condiciones de transparencia de ese momento. Al llegar la administración de Bukele, la Secretaría de Transparencia fue eliminada y al Instituto de Acceso a la Información Pública se le convirtió en simple adorno. Y así la opacidad pasó a ser política de Estado. Se ha ocultado información sobre la compra de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia, sobre el bitcoin, sobre las grandes construcciones y sobre un muy largo etcétera. Antes los mandatarios debían presentar su declaración patrimonial al comenzar su gestión y al terminarla, ahora eso es parte de la información reservada. ¿Para qué esconder el uso del dinero público si todo de verdad se hace bien? ¿Por qué atacar a quienes cuestionan la falta de transparencia si se tiene las manos limpias? En el Plan Cuscatlán, en el apartado de modernización del Estado, en el eje 2, que trata sobre gobierno abierto, se afirma que “se aspira a conducir el Estado hacia la fiscalización social y la auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos”. Y más adelante, que “la rendición de cuentas se visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por obligación, sino por convicción de parte del servicio público”. Por supuesto, el Plan quedó en papel mojado; El Salvador tiene hoy el Gobierno más opaco de toda la posguerra. Ni Arena, ni el FMLN se atrevieron a tanto. Y por ello la fobia de Nayib Bukele y los suyos a la transparencia es lógica y necesaria: como al parecer todo deben, todo temen.