Rebelión contra la gobernanza

Gobernanza es buen gobierno, capacidad de adecuar la gestión de lo público en consonancia con los valores explicitados en la Constitución si se trata de un país o de los derechos humanos si se trata de asuntos que inciden en el conjunto social. Dada la complejidad económica internacional, así como las distintas situaciones en las que son violados los derechos básicos de las personas, sea en guerras, en conflictos étnicos o en el campo del desarrollo, diversas figuras públicas, entre ellas el papa, han abogado por la necesidad de una gobernanza mundial. Francisco, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, ha insistido en la necesidad de edificar estructuras mundiales de solidaridad que podrían ser parte de un futuro gobierno mundial. Así, por ejemplo, proponía que, “con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna”. El apoyo de la Iglesia a Naciones Unidas va en esa línea de construir un mundo en el que la solidaridad y la justicia estén por encima de la soberanía de los Estados. En la actualidad, hay empresas transnacionales con más poder que algunos Estados y con capacidad de subyugarlos. Una gobernanza mundial resulta indispensable para proteger los intereses de los débiles. Lo mismo respecto a la amenaza del calentamiento global. Países como El Salvador, pequeños y en zonas especialmente vulnerables, necesitan una gobernanza mundial que los proteja de naciones poderosas que desprecian el Acuerdo de París y no les importan los resultados del calentamiento global. Sin un buen gobierno mundial, los países pobres y vulnerables están abocados a un futuro trágico. El papa viene insistiendo desde hace tiempo en que “un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos”. La resistencia y la oposición a esta idea, que no es solo del pontífice, ha crecido en los últimos años. Donald Trump pretende gobernar al mundo sin tomar en cuenta los derechos de los pobres, las tradiciones, los tratados internacionales y las leyes. Esa especie de gobierno faraónico insulta a los migrantes impunemente, le cambia nombre al Golfo de México, se sale del Acuerdo de París, emprende negocios que fomentan el calentamiento global, castiga a los países que no le son sumisos, sanciona a los jueces del Tribunal Penal Internacional y amenaza a la Unesco por impulsar una educación inclusiva y en apoyo a la diversidad. Incluso se atreve a amenazar la soberanía de otros países insistiendo en comprar o invadir territorio si no se cumplen sus exigencias. Frente a este catastrófico poder duro y cínico, que daña especialmente a países débiles o pobres, los obispos norteamericanos afirman que “algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas, como las que se centran en el trato a inmigrantes y refugiados, la ayuda extranjera, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros". Es deber de los católicos exigir, en consonancia con el papa, “alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [que incluya] la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”.