Reformas constitucionales

Toda Constitución puede ser reformada, al igual que cualquier norma de convivencia elaborada por la comunidad humana. Pero dado que una Constitución es fruto del modo de convivencia por el que un país ha optado, todo cambio debería debatirse públicamente en el contexto de la sociedad civil, no ser un asunto solo de legisladores. Sin embargo, en El Salvador rige otra lógica: la del poder. Recientemente se hizo un cambio constitucional con dispensa de trámite, es decir, con escaso o nulo debate, y sorprendiendo con la decisión a la opinión pública, nunca consultada al respecto. El cambio alude específicamente al proceso a seguir cuando se quiera modificar algún punto de la Constitución. Si antes se necesitaba la aprobación de dos Asambleas Legislativas sucesivas para que el cambio cobrara efecto, ahora una legislatura podrá cambiar la Carta Magna votando la reforma dos veces. Así pues, de hoy en adelante, el partido que cuente con una mayoría de al menos tres cuartas partes de los diputados podrá hacer cualquier cambio que desee. Este empeño de la administración de Bukele en alcanzar la capacidad de aplicar cambios rápidos en la Constitución contrasta con la lentitud, desidia o simple negativa a aprobar lo que no procede del poder, aunque responda a anhelos y necesidades de la población. El caso del reconocimiento constitucional del agua como derecho humano es un claro ejemplo de ello. Después de un largo proceso en el que participaron comunidades, ONG especializadas, centros educativos e Iglesias, la Asamblea del trienio 2018-2021 aprobó la inclusión del agua como derecho humano en la Constitución. La propuesta aprobada ponía el derecho al agua en el artículo 2 de la Carta Magna, en el que figuran los derechos esenciales del ciudadano. Y añadía, en el artículo 69, que “el agua constituye un bien público” y que, por tanto, el Estado queda obligado a “crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”. La Asamblea 2021-2024, que terminó sus funciones este 30 de abril, pudo haber ratificado esta reforma constitucional largamente debatida y deseada por la mayoría de la población, pero la opinión de la gente no sirvió de nada. Desde una visión humanista y cristiana, es muy significativo y lamentable que el derecho al agua haya sido despreciado. El papa Francisco, en una de sus cartas magisteriales, dice que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. La tendencia a privatizar el agua, muy presente en las grandes constructoras de viviendas de clase media y alta, constituye una amenaza al derecho al agua al convertirla en un objeto de mercado. El partido en el poder tiene un fuerte deseo de controlar la Constitución a su antojo, pero poca urgencia de satisfacer las necesidades y los derechos básicos de las mayorías pobres y vulnerables. El nuevo El Salvador queda definido por ese duro contraste.