Revocación del permiso de residencia de larga duración UE y absolución penal_ los límites del automatismo administrativo

Revocación del permiso de residencia de larga duración UE y absolución penal: los límites del automatismo administrativo Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. En este episodio analizamos una sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, Sección Primera, dictada el 17 de diciembre de 2025 y publicada el 9 de enero de 2026, que aborda una cuestión de gran relevancia práctica: la revocación del permiso de residencia de larga duración UE basada en una condena penal posteriormente anulada. El caso se refiere a un ciudadano extranjero titular, desde hace años, de un permiso de residencia de larga duración. La autoridad policial había revocado el título basándose en una sentencia condenatoria de primera instancia, considerada indicativa de peligrosidad social. Posteriormente, dicha sentencia fue íntegramente revocada por la Corte de Apelación de Bolonia, que absolvió al interesado con la fórmula más amplia: porque el hecho no existe. A pesar de este elemento decisivo, la Administración mantuvo la revocación sin llevar a cabo una verdadera reevaluación de la situación personal del interesado, ni siquiera después de que el Tribunal administrativo, en sede cautelar, hubiera ordenado expresamente un nuevo examen a la luz de la absolución. El Tribunal acoge el recurso con una motivación clara y contundente: una vez desaparecido el único fundamento del acto administrativo —la condena penal—, la revocación del permiso de residencia carece de base jurídica. La Administración no puede basar sus decisiones en hechos jurídicamente inexistentes ni ignorar una sentencia penal absolutoria firme. La sentencia reafirma un principio fundamental: el permiso de residencia de larga duración UE constituye un estatus estable y reforzado, que no puede verse afectado por automatismos ni por valoraciones abstractas de peligrosidad, sino únicamente tras una evaluación actual, concreta y jurídicamente fundada. Se trata de una decisión de gran importancia práctica, útil para impugnar revocaciones y denegaciones basadas en antecedentes penales superados, y para reafirmar la obligación de la Administración de respetar las decisiones judiciales. El derecho de la inmigración, también en estos casos, sigue siendo derecho administrativo y constitucional: sin atajos, sin automatismos y sin medidas carentes de presupuestos reales. Hasta el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.Questo episodio include contenuti generati dall’IA.