Seguridad a la deriva

El gabinete de seguridad de Bukele es desconcertante. Un día, uno de sus integrantes asegura que los detenidos por el régimen de excepción “no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar […] de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades”. Según él, “el mensaje es claro”. Pero pocos días después, uno de sus colegas anunció la creación de “fiscales penitenciarios” para vigilar el cumplimiento de la sentencia de cada pandillero. Pero si esta es cadena perpetua, como dice el primero, los fiscales del segundo no tienen nada que verificar, ya que del encierro se encargan los centenares de soldados y policías que compartirán la incomunicación con los reclusos. Eso no es todo. La desorientación del gabinete de seguridad es aún mayor. La tarea asignada a los nuevos fiscales es “garantizar el cumplimiento de los procesos”, algo que al régimen le trae sin cuidado. Los habeas corpus se amontonan sin respuesta en la Corte Suprema de Justicia, los reclamos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos caen en el vacío y los jueces están al servicio de quien les da de comer, no del derecho. La presentación de los nuevos fiscales contiene otras falsedades. Según el presentador, “el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia”. Pero no hace mucho, otro colega suyo dijo que, en la calle, los policías hacían de jueces. Si dice verdad, violentan los procedimientos del proceso penal. Los testimonios de capturas por “orden superior” o porque “es la ley” son numerosos. Otra atribución de estos fiscales es cuidar que “las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión”. Según esto, la cadena no será perpetua, como aseguran. Dependerá del cumplimiento “adecuado” de la condena, una expresión enigmática, ajena al rigor del lenguaje jurisprudencial. En definitiva, la libertad o la permanencia en prisión dependerán de la evaluación de estos funcionarios y no de la sentencia judicial. Quién entiende al gabinete de seguridad. Sus integrantes no prestan atención a lo que dicen. Hablan de cualquier cosa que confirme la mano dura. Por eso aseguran que combatirán el feminicidio con más militarización. Las reuniones a altas horas de la noche son una mezcla de ignorancia, superficialidad e improvisación. Lo que nunca falta es la fotografía. El vicepresidente asegura que el plan de control territorial es tan exitoso que lo han compartido con otros países. Si así fuera, los identificaría y no faltaría la fotografía que lo atestigüe. En la práctica, nada de eso importa para una opinión pública conformista y alienada. Unas cuantas imágenes y expresiones sectarias, reproducidas y multiplicadas por las redes digitales, bastan para complacerla. No obstante el conformismo popular, la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, así como también muchas otras realidades nacionales. La ausencia de una dirección clara, dialogante e ilustrada es notable. El vicepresidente se jacta de que “acá no hay organismos internacionales que nos estén organizando, esto es producto de talento salvadoreño”. Precisamente, eso es lo que falta. No por carencia de talento nacional, sino porque el reunido en el gabinete de seguridad ha demostrado ser corto y torpe. Tal vez porque se contenta con representar el papel asignado por la mente que dirige el país detrás del sillón presidencial. En cualquier caso, no está a la altura de sus responsabilidades. En los organismos internacionales, en cambio, hay elementos con más formación, experiencia y capacidad para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad ciudadana y de la realidad nacional en general. Pero estos son inaceptables por dos razones. Una es su independencia. Bukele y sus asesoras venezolanas solo aceptan a quienes están dispuestos a seguir el guion al pie de la letra. La otra razón es que los derechos ciudadanos y la institucionalidad democrática les son indiferentes. La intervención irracional, brutal y vengadora es publicitariamente más redituable. Inesperadamente, las alertas de Estados Unidos y Canadá sobre la conveniencia de hacer turismo en el país han desautorizado la aproximación de Bukele a la seguridad ciudadana y han infligido un duro golpe al desarrollo del turismo, una de sus apuestas más grandes. Las alertas no recomiendan el turismo en El Salvador porque “la delincuencia es un problema grave en todo el país”. Existen algunas zonas seguras, como el centro de la capital pero, fuera de ellas, “todavía ocurren homicidios, asaltos, violaciones y robos a mano armada”. Las alertas no olvidan mencionar que las garantías jurídicas normales son inexistentes. Las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites. Los hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la popularidad presidencial. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.