Sistemático recorte de la protección social

En los últimos años, la eliminación de importantes instituciones del Estado ha pasado a ser rutina. Hasta la fecha, más de una decena de instancias gubernamentales han sido cerradas. A este respecto, el proceder del Gobierno de Bukele suele seguir un mismo patrón. Primero, se trata de instituciones que prestan servicio a sectores vulnerables de la población o que reciben fondos significativos del presupuesto nacional. Segundo, el cierre de la institución se justifica desde la necesidad de modernizarla. Tercero, aunque en un inicio se anuncia que la institución no desaparecerá, después se crea otra instancia para sustituirla. Cuarto, finalmente los servicios que ofrecía la institución cerrada desaparecen o se reducen drásticamente, afectando de manera directa a las personas que eran beneficiadas. Cuando se cerró el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), se creó la Dirección de Integración, que supuestamente asumiría sus funciones. Hasta el momento, no existe una política dedicada a la juventud, a pesar de que esta constituye el sector mayoritario de la población. Algo semejante sucedió con el cierre del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), una de las instancias mejor valoradas por empresas e instituciones por su labor de cualificación profesional de los trabajadores. El Insaforp fue sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), del cual no se tiene ninguna noticia. Si bien el impuesto para la formación profesional se sigue cobrando, solo una quinta parte se destina ahora, en teoría, a la formación profesional. Cuando se redujo drásticamente el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes), que para las municipalidades disponía del 10% de los ingresos totales del Estado, se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como encargada del desarrollo municipal, adjudicándole la mayoría de dineros que antes se destinaban a los gobiernos locales. Sin embargo, la profunda ineficacia de la DOM es quizás la principal responsable del rechazo ciudadano a la gestión de las municipalidades en el período previo a la reducción de los municipios. El mismo patrón se siguió en el cierre de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), cuyas funciones fueron asignadas al Banco Central de Reserva, y con la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas tareas asumiría una hipotética Superintendencia de Regulación Sanitaria. Todas las mencionadas eran instituciones que servían a la población, como también lo hacían los extintos Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna). Y no hay nada que dé pie a pensar que el Ejecutivo dejará de cerrar instituciones de similar importancia. En esa línea, un golpe demoledor para el futuro del país sería, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué cerrar instituciones que brindan servicios importantes al país y a la población? Una razón podría ser la precariedad de las finanzas públicas; otras, el afán de borrar todo vestigio positivo de Gobiernos anteriores; y una tercera, el cumplimiento de exigencias del Fondo Monetario Internacional para que el país sea receptor de un salvataje económico vía préstamo. Lo más probable es que la respuesta a la pregunta sea una mezcla de las tres razones, con el añadido de que las condiciones de vida de la población más pobre no son prioridad del Gobierno. De lo que no cabe duda es de que está en marcha un proceso de desmontaje de las instituciones de protección social.