Sobre COFINA, PROMESA y otras [i]legalidades...

Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda conversan con el Lcdo. Rolando Emanuelli sobre "COFINA". ¿Quién negoció esto? ¿Alguien representaba el interés del pueblo más allá de los que representaban al Estado? ¿Por qué una deuda “extra constitucional” es legal? ¿Qué es COFINA? Es la Corporación del Fondo de Interés Apremiante que fue creada por la Ley Núm. 91 del 2006, conocida como la “Ley del Fondo de Interés Apremiante”. COFINA es una corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico creada con el propósito de emitir bonos y utilizar otros mecanismos de financiamiento para pagar o refinanciar toda o parte de la deuda extraconstitucional del Estado Libre Asociado, entre otras deudas, pagar o financiar gastos operacionales del gobierno y también nutrir varios fondos específicos del gobierno. COFINA es la emisión de bonos más grande de Puerto Rico y representa aproximadamente una cuarta parte de la deuda total de bonos que Puerto Rico necesita reestructurar. El Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 241 de 2018, que autoriza a COFINA a emitir bonos como parte de dicha reestructuración y establece, entre otras cosas, sus términos y condiciones. Asimismo, dicha Ley establece la titularidad de COFINA sobre una porción de los recaudos sobre el impuesto sobre ventas y uso (“IVU”) y dispone para la transferencia y uso de dichos recaudos. Además, la Ley crea un gravamen estatutario en beneficio de los tenedores de bonos de COFINA y establece, entre otras cosas, ciertos acuerdos a nombre del Gobierno de Puerto Rico para beneficio de los tenedores de bonos. La Ley establece que será efectiva en la fecha de la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda de COFINA bajo el Título III de la ley PROMESA. Esta Ley fue aprobada sin vistas públicas y actualmente está siendo impugnada en el tribunal local por ser inconstitucional y por haberse aprobado en violación a los reglamentos legislativos aplicables. La Ley impone el IVU por 40 años y parte del ingresos del gobierno está reservado para el pago a los acreedores de bonos de COFINA. ¿Qué es PROMESA? El “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” (“PROMESA”), una ley federal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para manejar la situación de crisis fiscal en Puerto Rico. El objetivo principal de PROMESA es que Puerto Rico pueda tener acceso al mercado de valores y que pueda operar con ingresos que superen sus gastos. PROMESA impone sobre Puerto Rico una Junta de Control Fiscal compuesta por 7 personas nombradas por el Presidente de Estados Unidos con poderes tan significativos que sobrepasan a los del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal es el organismo que tiene la autoridad para presentar los casos bajo el Título III de PROMESA para el ajuste de las deudas y es quien representa al deudor. Actualmente hay 5 casos de Título III presentados por la Junta de Control Fiscal donde figuran como deudores: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Sistema de Retiro Central, la Autoridad de Carreteras y COFINA. Como parte del Título III de PROMESA la Junta de Control Fiscal tiene que someter un Plan de Ajuste de Deudas que establece todas las provisiones sobre el tratamiento de pago a los acreedores. Dicho Plan de Ajuste de Deudas tiene que cumplir con varios requisitos que exige PROMESA, entre ellos, garantizar fondos suficientes para el pago de pensiones y que el Gobierno pueda seguir ofreciendo servicios esenciales. Además, el Plan de Ajuste de Deudas tiene que ser consistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. Corresponde al Tribunal de Distrito Federal confirmar el Plan de Ajuste de Deudas. Los acreedores y otras partes con interés tienen derecho a objetar la confirmación de dicho plan. En el caso de los pensionados, uno de los fundamentos para objetar la confirmación del plan es que no provee fondos suficientes para el pago de las pensiones. El Acuerdo de COFINA El Acuerdo de COFINA garantiza los recaudos del IVU para el pago de la deuda de COFINA por 40 años. Dicho Acuerdo busca reestructurar $17.5 billones de la deuda de COFINA. Los bonistas clasificados como “senior” recibirán un corte de solo 7% del principal de la deuda y los bonistas “junior” recibirán un corte de 44%. La deuda que contempla el Acuerdo se clasifica como asegurada en el Plan de Ajuste de Deudas, por lo que se tiene que pagar en su totalidad dentro del periodo de 40 años. El pago de la deuda de COFINA se garantiza con los recaudos del IVU, por lo que los puertorriqueños tendrán que pagar IVU por al menos 40 años que es la duración del Acuerdo. Sin embargo, debido a los cambios en la economía y a la incertidumbre que representa un periodo de tiempo tan largo, es posible que el pago de la deuda se extienda por más de 40 años. Por otro lado, con los años, el por ciento de los recaudos del IVU que se utilizará para pagar la deuda de COFINA irá en aumento hasta el punto en que, de los recaudos del IVU, un 50% será para pagar la deuda de COFINA, dejando disponible solo un 50% para que el Gobierno pueda dedicar fondos para ofrecer servicios esenciales, cubrir sus gastos operacionales y realizar los pagos de pensiones. El pago a COFINA, por su parte, aumentará cada año desde el 2019 hasta el 2040; a partir del 2041 el pago será fijo por $993 millones hasta el saldo total en el año 2058. Mientras más dinero haya que pagar a COFINA menos dinero habrá disponible para que el Gobierno de Puerto Rico pueda ofrecer servicios esenciales, pagar pensiones y mantener las operaciones. Según los cálculos del Dr. José Israel Alameda Lozada, el Gobierno de Puerto Rico dejará de ganar $731 millones de los recaudos del IVU por el Acuerdo de pago de la deuda de COFINA; esto aumenta a mil millones a los 50 años. Objeción de PROSOL-UTIER PROSOL-UTIER presentó una objeción al Acuerdo de COFINA y al Plan de Ajuste de Deudas de COFINA. La objeción se basa principalmente en los siguientes argumentos: • El Plan de Ajuste de Deudas no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones. • El Plan de Ajuste de Deudas no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. • El Plan de Ajuste de Deudas no cumple con los requisitos que establece la Ley PROMESA para su confirmación. La objeción de PROSOL-UTIER fue acompañada de un informe pericial realizado por el Dr. José Israel Alameda Lozada, Catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Según el Dr. Alameda, el Plan Fiscal de COFINA adolece de las siguientes fallas: 1. Asume que la economía de Puerto Rico va a crecer debido a la llegada de fondos federales por el desastre de María. Sin embargo, hay gran incertidumbre sobre cuándo llegarán los fondos y esto no provoca un crecimiento constante por la duración del acuerdo 2. Proyecta un aumento en los recaudos de IVU sin tomar en consideración la baja sustancial en la población. 3. Asocian el aumento en recaudos del IVU con el Producto Nacional Bruto cuando la variable correcta es el consumo, entre otras. 4. Utilizan de base la economía de España, Estonia, Perú y Colombia para sustentar la efectividad de las reformas estructurales a implementar sin considerar que dichos países son soberanos y Puerto Rico política y económicamente no está en las mismas circunstancias que dichos países. 5. Las propias proyecciones del Plan Fiscal no establecen crecimiento económico para Puerto Rico sino todo lo contrario. Se proyecta un déficit en ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058, aún implementando las reformas estructurales propuestas. 6. En el 2018 el Gobierno de Puerto Rico aprobó una reforma contributiva que reduce el impuesto para los negocios B2B y para comidas preparadas, lo que implica una reducción en los recaudos de IVU que no está considerada en el Plan Fiscal. Por lo tanto, los ingresos proyectados en el Plan Fiscal están sobre estimados. Cabe destacar que Ana Matosanto, miembro de la Junta de Control Fiscal reconoció que “no me gusta este Plan [Fiscal], creo que a ninguno de nosotros le gusta. El Plan no logra reducir el déficit y tampoco logrará que la economía crezca de manera sostenible y pone en efecto cortes ‘muy profundos’”. En su estudio, el Dr. Alameda expuso las siguientes conclusiones: 1. El Plan COFINA será efectivo durante los próximos 40 años. Este es un período de tiempo muy largo, y vendrán demasiadas circunstancias imprevistas que podrían afectar la viabilidad del cumplimiento del plan. Los Planes Fiscales han sido diseñados bajo un supuesto implícito de certeza completa; no consideran los márgenes de error. 1. Cualquier pronóstico a largo plazo de 40 años sobre los recaudos del IVU es altamente incierto, porque la economía de Puerto Rico se enfrenta a un estancamiento económico secular. El estancamiento económico secular significa que la economía cae en un precipicio del cual no tiene las herramientas ni los mecanismos para poder crecer nuevamente. 1. El Plan COFINA mantiene a Puerto Rico con pagos de deuda cada vez mayores durante los próximos 20 años, a pesar de que la economía ha estado en una depresión por una décaday continuará con un crecimiento marginal o negativo durante los próximos 40 años. El Plan Fiscal reconoce este crecimiento negativo. 1. El Plan Fiscal del Commonwealth pronosticó un déficit primario para el año 2035; aumentando la certeza de no pagar el pago de la deuda y, nuevamente, forzar nuevos recortes a las pensiones públicas y servicios esenciales. 1. Las tasas de crecimiento del Producto Nacional Bruto nominal y el Consumo tendrán, en el papel, la capacidad a largo plazo para pagar a los titulares de los bonos de COFINA, pero son poco realistas y, hasta el momento, extremadamente optimistas. Las evaluaciones excesivamente optimistas de esas variables son una receta segura para el fracaso. 1. La Junta de Control Fiscal insiste en el supuesto convencional de que la economía de los Estados Unidos es el principal motor del crecimiento económico de Puerto Rico. Esto ya no es válido ni realista debido al estancamiento secular que sufren tanto Puerto Rico como Estados Unidos. 1. Las bases y políticas económicas de la Junta de Control Fiscal ignoran la teoría de la Causación Circular Acumulativa que se refiere a los efectos generalizados de cualquier cambio inicial en variables relevantes tales como las pérdidas de población y los recortes gubernamentales de servicios esenciales. 1. Un defecto importante de las proyecciones de la Junta de Control Fiscal es que se basan solo en un escenario o en un solo valor, especialmente cuando el esfuerzo de pronóstico para un periodo de tiempo de 40 años es tan arriesgado. Para ser confiable, al proyectar en un rango tan largo, es necesario diseñar diferentes modelos económicos para evaluar la incertidumbre a largo plazo. 1. En diciembre de 2018, el Gobierno de Puerto Rico aprobó una reforma tributaria que redujo la tasa de los negocios B2B y la tasa del IVU al 7% para alimentos preparados. Los Planes Fiscales de COFINA no consideran los efectos de dicha Reforma Tributaria en los valores pronosticados, creando una proyección de ingresos sobreestimada. 1. Ambos Planes fiscales de COFINA se enfocaron de manera limitada en su rango de tiempo (hasta 2023) a pesar de que el Acuerdo de COFINA para los tenedores de bonos consta de un plazo más largo hasta el año fiscal 2058. Los Planes Fiscales de COFINA omitieron circunstancias relevantes más allá del 2024, especialmente cuando la mayoría de los fondos federales para alivio de desastres se agotarán para ese momento. El marco temporal de los Planes Fiscales y del Plan COFINA son inconsistentes, por lo que no establecen una base para su viabilidad y la confiabilidad de las proyecciones. 1. El tiempo y el ritmo en que se recibirán los fondos federales para el alivio de desastres es incierto y solo por 5 años, mientras que los fondos para el Medicaid son temporeros para los próximos dos años. La Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, admitió que cualquier retraso prolongado en la entrega de los fondos destinados a la recuperación y reconstrucción de la isla, después de la catástrofe causada por el huracán María a partir del 20 de septiembre de 2017, puede alterar el plan fiscal. La efectividad de los fondos federales como un factor de crecimiento económico es cuestionable. La mayoría de esos fondos se han asignado a empresas no locales que están captando más del 90% de ellos. Esos fondos dejarán a Puerto Rico con poco o ningún impacto positivo en la economía local. Además, dada la incertidumbre de la llegada de los fondos federales por desastre la Junta de Control Fiscal no tiene un plan de contingencia para lograr los objetivos económicos perseguidos por el Plan Fiscal certificado. Dicha incertidumbre económica y la fragilidad de los supuestos y proyecciones de la Junta de Control Fiscal han llevado a que se sometan varias versiones del Plan Fiscal y habrá una necesidad continua de seguir enmendando el Plan Fiscal una vez que sea evidente que no se han cumplido sus objetivos. 1. Sería irresponsable esperar que los fondos federales para el alivio de desastres duren y sean suficientes para respaldar la carga del pago de la deuda por más de 40 años. De hecho, luego de la transferencia de fondos, las proyecciones caen en solo cinco años. Además, el crecimiento económico de la isla se verá obstaculizado por una demografía pobre, ya que la población económicamente activa probablemente continuará relocalizándose a Estados Unidos u otros países en busca de mejores oportunidades. 1. Con la limitada capacidad de pago de Puerto Rico a largo plazo, un acuerdo generoso con un solo grupo de tenedores de bonos necesariamente reduce lo que el Gobierno puede ofrecer razonablemente a otros tenedores de bonos y acreedores, además de lo necesario para cubrir los servicios esenciales y las pensiones a los retirados. La sostenibilidad de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico debe evaluarse exhaustivamente, no mirando una sola pieza del rompecabezas. 1. Los efectos de una economía menguante resultarán en una reducción anual constante en los ingresos del IVU para el Gobierno. Al otorgar a COFINA un reclamo de "primer dólar" en el IVU, aumentará el riesgo de una disminución sustancial en los ingresos fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Durante los 40 años de vigencia del Plan COFINA, se perderán casi 1 billón de dólares de los fondos del IVU destinados para el Gobierno de Puerto Rico. 1. Una reducción en los pagos de COFINA a sus tenedores de bonos resultaría en la disponibilidad de más recursos para el Fondo General del Gobierno y, en consecuencia, más ingresos que podrían asignarse para cumplir con otras obligaciones gubernamentales y financiar servicios esenciales y pagar las pensiones a los retirados según lo requiere la Sección 201 de PROMESA.