Sociedad civil e incidencia política

Por José M. Tojeira, S.J. En estos tiempos de promesas, populismo y propaganda masiva, la sociedad civil ha mostrado mayor capacidad de oposición que la sociedad política. Y ello tiene su lógica. La sociedad civil se interesa por sus intereses particulares (aunque sean parte del interés común de todos). Y cuando los gobiernos no cumplen o no se interesan en sus propuestas, la capacidad de movilización de la sociedad civil aumenta. Hasta ahora las grandes manifestaciones de protesta contra el régimen actual las han organizado y llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil. Los grupos LGBTIQ, como lo manifestaron el día del orgullo gay, los veteranos, el movimiento feminista, los defensores de la ecología o de los DDHH, grupos religiosos comprometidos con el bien común y otros, son hoy los sectores que critican los defectos, muchos de ellos graves, de nuestra democracia, al tiempo que manifiestan públicamente sus propias reivindicaciones. Sin embargo, las peticiones y reclamos de estos grupos funcionan relativamente aisladas. Y de ese relativo aislamiento proviene una real debilidad. Porque los políticos autoritarios pueden fácilmente lidiar con reivindicaciones concretas. Lo único que realmente les inquieta son los proyectos políticos que puedan convertirse en alternativa al poder que detentan. Sin embargo, la sociedad civil, aunque busque fines particulares, tiene con frecuencia un concepto de universalidad de derechos del que carecen regímenes autoritarios, corruptos o falsamente democráticos. Y es esa universalidad de derechos la que tiene que impulsar cuando quiere incidir en política. En ese sentido resulta necesario que las distintas fuerzas de la sociedad civil logren elaborar una plataforma de reivindicaciones que sirvan tanto de reclamo como de inspiración para posibles fuerzas políticas que deseen realmente convertirse en alternativa al poder. No se trata de construir un programa político, pero sí una agenda básica de reivindicaciones en las que todos los grupos y organizaciones estén de acuerdo. Una especie de plataforma que pueda ganar adeptos progresivamente y con la que tenga que dialogar cualquier tendencia política o ideológica que quiera llegar al poder. Ni siquiera se trata de llegar a acuerdos con un partido político concreto, sino de tener tal fuerza, por lo concreto y necesario de sus planteamientos, que todos los grupos políticos se vean obligados a dialogar y a incorporar, con los matices que sean, parte del proyecto de la sociedad civil dentro de sus programas. Aunque la gestión de lo público le corresponde a quienes gobiernan, la sociedad civil no puede dejar lo público exclusivamente en las manos y voluntades de los políticos. La democracia nos corresponde a todos y la sociedad civil, aunque se enfoque en algunos aspectos parciales de lo público, no puede renunciar al bien común general. Y particularmente en la situación salvadoreña, urge la preocupación por el bien común. Mantener un diálogo permanente entre los diversos grupos es buscar un entendimiento común de lo que es El Salvador actual y de lo que necesita como país y como comunidad de personas con igual dignidad, derechos y obligaciones. Las manifestaciones multitudinarias irritan al poder y animan a quienes son críticos con el mismo, porque muestran las fisuras y grietas que existen en los poderes que se consideran absolutos. Pero mientras no pongan en cuestión las comodidades, ventajas, mentiras y falsas promesas del poder, difícilmente conseguirán que los derechos que reclaman se conviertan en una realidad sólida, adecuadamente aceptada por la misma sociedad en la que se mueven. Solo una agenda sustancialmente democrática, inspirada en los Derechos Humanos y capaz de unificar reivindicaciones y de entender el poder de otra manera puede lograr un cambio. Los partidos políticos han sido hasta el presente incapaces de plantear una propuesta democrática seria. El afán de mantenerse en el poder fue para ellos siempre más importante que la fidelidad a principios básicos de democracia. A la sociedad civil le corresponde, en esta coyuntura histórica, impulsar las bases de una democracia social y de derecho que ofrezca esperanza a todos los salvadoreños.