Tal para cual

El viernes 14 de octubre, la abogada Raquel Caballero de Guevara fue electa como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Caballero ya había ocupado ese cargo en el período 2016-2019 y fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber promovido a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, al cargo de asistente técnica, además de haberle aumentado el salario. Caballero también fue reconocida porque, durante su primera gestión como procuradora, cerró la mesa de temas LGBTI y por su postura en contra de la despenalización del aborto. De igual forma, Caballero de Guevara fue una de las funcionarias que apoyó la implementación de medidas extraordinarias en los centros penales del país durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Es necesario recordar que dichas medidas también ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según las denuncias de distintas organizaciones. Por todos esos antecedentes, en realidad, no es sorpresiva la elección de Raquel Caballero. La bancada legislativa y sus aliados eligieron a una procuradora que no cumple con el requisito de tener “moralidad notoria”, pero que tiene historial de no incomodar al gobierno de turno, de no cumplir con sus mandatos constitucionales. En síntesis, Caballero es un perfil ideal para complacer al Gobierno del presidente Bukele, la procuradora que necesitaba. Sin embargo, como ya mencionamos en un editorial de hace algunas semanas, que la persona al mando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenga un historial como el de Raquel Caballero es un hecho desesperanzador y un duro golpe para distintos sectores y poblaciones vulnerables de la sociedad salvadoreña. Las víctimas de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, las del conflicto armado, las personas despedidas injustificadamente de instituciones gubernamentales, las personas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, la población LGBTI, las mujeres, los pueblos originarios, los defensores del medio ambiente, etc. estarán aun más desamparados en un contexto que cada día es más hostil y violento para la defensa de los derechos humanos y de los bienes naturales. En sus primeras declaraciones, luego de ser juramentada en su cargo, Raquel Caballero indicó que la PDDH tendrá como prioridad la creación de un observatorio electoral que, entre otras cosas, se encargará de monitorear la situación del voto en el exterior en 2024. La Asamblea Legislativa recién aprobó la normativa en la que se establecen las disposiciones para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Según notas periodísticas, dicha ley permitirá el voto electrónico presencial en consulados y centros de votación en el extranjero y el voto remoto a través de internet. La ley no estipula la creación de un padrón electoral y autoriza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) saltarse la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y lo obliga a contratar a un ente externo para el manejo del sistema. Como vemos, esta ley deja muchas dudas y ofrece pocas garantías para la integridad de las elecciones de 2024. En ese sentido, que la PDDH y otras instancias estatales involucradas en el proceso electoral estén cooptadas por el oficialismo, es un elemento más que resta credibilidad al desarrollo y a la supervisión de las elecciones de 2024. La cooptación de las instituciones de control es una pieza clave para legitimar violaciones a los derechos humanos o para minimizar irregularidades en los procesos electorales, para tapar actos de corrupción, para favorecer a grupos económicos cercanos al gobierno y, sobre todo, para la consolidación del autoritarismo. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 108.