Un informe irritante

El oficialismo perdió la compostura con el informe sobre el régimen de excepción elaborado por cinco juristas internacionales y presentado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de los expertos es contundente: bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. El señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores. El régimen perdió los nervios no tanto por esta posibilidad como por el eco que el informe tuvo en la prensa internacional, el cual deja en evidencia que su relato no convence fuera de las fronteras nacionales. El informe de 275 páginas documenta 540 desapariciones y la muerte de 403 detenidos. Comprueba documental y testimonialmente la persecución extrajudicial, la criminalización de inocentes, la acción punitiva no penal, la tortura y el asesinato. Todas ellas, violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, que pueden constituir delitos de lesa humanidad. A estos señalamientos se agrega el del periódico español El País, el cual afirma que más de 33 mil detenidos por el régimen de excepción no son considerados pandilleros; es decir, más de la tercera parte de los encarcelados son inocentes. Estos guardarían prisión no por ser culpables, sino que serían culpables por haber sido detenidos. La reacción de la prensa internacional revela la inutilidad de los cabilderos, los troles y las giras internacionales de los altos funcionarios. Más importante que la pérdida de los estribos del oficialismo es el reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. En efecto, ningún funcionario cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores y el alcance de sus conclusiones. Asesinar al mensajero de malas noticias es una reacción muy antigua. El oficialismo asume que si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz. En este caso, le echa en cara no haber denunciado el genocidio de las pandillas, lo cual no es cierto. Y aunque lo fuera, el régimen de excepción es señalado por otro genocidio. Esta línea de defensa es desatinada. Si las organizaciones de derechos humanos no denunciaron el genocidio de los pandilleros, Bukele negoció con estos genocidas desde el comienzo de su carrera política. Les dio dólares en abundancia, “trato especial” en las cárceles de “máxima seguridad”, incluso puso en libertad a más de alguno de sus líderes. Luego, desairado por sus socios genocidas, enmendó el extravío implantando el régimen de excepción como árbitro del derecho y de la justicia. Si acaso las organizaciones de derechos humanos pecaron por omisión, el modelo de Bukele peca por comisión. Si esas organizaciones son “bufetes legales de los delincuentes”, Bukele legitimó, protegió y fortaleció a esos delincuentes hasta que lo traicionaron. La otra línea de defensa es tan grotesca como la anterior. Bukele intenta desautorizar los hallazgos de los juristas extrapolando sus recomendaciones. Estas no solicitan liberar indiscriminadamente a todos los detenidos por el régimen de excepción, ni mucho menos poner en libertad a los pandilleros. Tampoco defienden asesinos, violadores y terroristas. Por tanto, no promueven el asesinato de inocentes. Más bien, el informe recomienda establecer una comisión con respaldo internacional que la haga creíble para revisar el expediente de cada uno de los detenidos y liberar a los encarcelados sin pruebas, siempre y cuando no representen un riesgo para la sociedad, y garantizar el debido proceso a quienes permanezcan presos. No pretende, pues, engañar a nadie para debilitar el apoyo popular al régimen de excepción y “perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sino hacer justicia, lo cual no está reñido con el respeto de los derechos humanos y la seguridad. Más aún, el informe afirma “el deber ineludible” de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que advierte que esa responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales. Los juristas son claros en su diagnóstico y sus conclusiones. Retorcer sus recomendaciones para reforzar el miedo a las pandillas y mantener el elevado grado de aceptación del régimen de excepción es deshonesto. En realidad, la seguridad ciudadana no interesa tanto como preservar ese nivel de popularidad, vinculado casi exclusivamente a dicho régimen. Bukele no sabría gobernar sin él. De ahí la prórroga indefinida de la excepción. Esta forma de gobernar choca frontalmente con los juristas internacionales que recomiendan poner fin al régimen de excepción. Estos proponen otra posibilidad: cuidar de la seguridad ciudadana sin cometer crímenes de lesa humanidad. El oficialismo reaccionó interpretando maquiavélicamente sus recomendaciones haciéndolas decir lo que no dicen. El régimen se niega a reconocer que resguardar eficazmente la seguridad nacional no está reñido con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pese a ello, Bukele anhela el reconocimiento de la comunidad internacional, el cual, muy a su pesar, no solo no llega, sino que la reprobación es cada vez más amplia y por razones de mayor peso ante las cuales no tiene respuesta.