Víctimas del ICE, víctimas del populismo punitivo

El miércoles 7 de enero fue asesinada Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en el marco de un operativo antiinmigrante en la ciudad de Mineápolis, Minnesota. Al día siguiente, otras dos personas resultaron heridas con armas de fuego en Portland, víctimas del accionar de la Patrulla Fronteriza. En dos días, la principal institución encargada de implementar la política migratoria en Estados Unidos ha evidenciado un uso abusivo de armas de fuego en contra de un sector de la población —los inmigrantes y quienes les defienden— cuyos “delitos imputados” no atentan contra los derechos fundamentales de ninguna persona. De hecho, en los videos sobre el incidente que derivó en el asesinato de Good se observa que ella buscó maniobrar su automóvil para evadir el control que realizaba la agencia estatal; de ninguna manera se puede concluir que buscaba “usar su vehículo como arma” en contra de los agentes. El ICE pudo disparar a las llantas o pedir apoyo a otras agencias policiales del Estado para impedir la huida de Good. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, establecen que cuando el uso de armas de fuego es inevitable, y este definitivamente no era el caso, debe primar la moderación, de forma proporcional al objetivo legítimo que se persigue, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, y respetando siempre la vida humana. Ninguno de estos principios se cumple en el caso de Good. El suyo es un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza letal. Igual de preocupantes son las declaraciones de varios funcionarios estadounidenses de alto rango que han salido a defender el accionar del ICE, incluida la secretaria de Seguridad Nacional y el mismo presidente Trump. Defender o justificar acciones de empleados públicos que atentan contra la vida de las personas es un peligroso mensaje político, que podría incrementar los niveles de violencia de la agencia estatal en sus procedimientos en las comunidades. Asimismo, este respaldo evidencia un profundo desprecio por la dignidad humana de aquellos que defienden los derechos humanos de la población migrante. Esta situación implica un grave de riesgo para la población migrante en Estados Unidos. Una realidad que afecta a El Salvador por razones obvias: de casi tres millones de salvadoreños en Estados Unidos, más de un millón estarían en una situación migratoria irregular, quedando expuestos a ser detenidos por el ICE. El Salvador nos ha demostrado que darle rienda suelta a una institución policial, librarla de controles internos y externos, tiene efectos negativos en la sociedad, en especial en aquellas personas que tienen una o varias condiciones de vulnerabilidad, y lleva a la desnaturalización de la institución. Por otra parte, aunque muchos salvadoreños deportados afirman haber recibido un buen trato por parte de los equipos profesionales que los reciben en nuestro país, hay excepciones que preocupan: al menos cuatro migrantes salvadoreños deportados en los primeros meses de 2025 sufrieron desaparición forzada a su llegada y luego fueron ubicados en cárceles salvadoreñas sin acceso a comunicación con sus familias y sin saber bien los motivos de sus detención; en suma, fueron víctimas del populismo punitivo y de la inercia institucional a coartar derechos. * Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.